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Myriam Gutiérrez Lunes, 19 de diciembre de 2016

Uno de los propósitos del informe es brindar a los Estados guías para llenar vacíos legales que son aprovechados por los contribuyentes para reducir sus beneficios económicos o trasladarlos de forma artificial a otras jurisdicciones en las que los niveles de tributación son bajos o inexistentes.    

Es el caso de la Acción número 12, dirigida a exigir a los contribuyentes la revelación de sus mecanismos de planificación fiscal, y que responde a uno de los principales inconvenientes que enfrentan las administraciones tributarias: la falta de información sobre las estrategias de planeación de fiscal. El acceso a dicha información les permitiría responder de forma adecuada a riesgos fiscales mediante el ajuste de la legislación a efectos de llenar aquellos vacíos legales que son aprovechados por los contribuyentes.

La Acción 12 también señala que los regímenes de revelación establecidos por los Estados deben: ser claros y fáciles de entender; encontrar el justo equilibrio entre los costos de cumplimiento para los contribuyentes y los beneficios que se derivan para la administración de impuestos; identificar con precisión aquellas estructuras sujetas a la obligación de revelación y ser flexibles y dinámicos para permitir a la administración adaptar su sistema para respuesta a los correspondientes riesgos. 

Recomienda la Ocde que las regulaciones que se implementen consideren rasgos genéricos y específicos. Los primeros deben centrarse en las características que son frecuentes en las estructuras usadas, tales como la confidencialidad o el pago de una elevada comisión, mientras que los segundos deben enmarcar aquellas circunstancias que suscitan especial preocupación, aclarando que toda cuestión que se estime debe ser revelada debe conllevar una consecuencia fiscal relevante para la administración tributaria.

Ahora bien, puede observarse la intención del Gobierno Nacional de implementar las recomendaciones de la Acción 12 al sistema colombiano, pues la reforma tributaria propone la creación de un “régimen de revelación obligatoria de estrategias de planeación tributaria agresiva”, dentro del cual se definen nociones tales como ventajas tributarias, ahorro tributario, promotor y usuario.

En cuanto a las características de la estrategia a revelar, la reforma indica que su regulación estará en manos del Gobierno con base en ciertos criterios ordenadores, entre ellos, que la estrategia implique la generación de pérdidas iguales o superiores a 100.000 UVT; la participación de entidades residentes en jurisdicciones de baja imposición; que se obtengan ahorros tributarios abusando de los tratados internacionales; y la presencia de pagos entre vinculados económicos cuando en un país constituyen deducción y en el otro no constituyen ingresos gravados.

La obligación principal de revelación estaría en manos del promotor y de forma secundaria en el usuario. El incumplimiento de la obligación estaría sujeto a sanciones.  Así las cosas, de aprobarse las reformas propuestas por el Gobierno, Colombia junto a Chile y México podría ser de los primeros países en Latinoamérica en adoptar este tipo de regulaciones.

No obstante, si bien la intención del Gobierno de seguir las tendencias internacionales es loable y pondría al país a la vanguardia, debe señalarse que el texto propuesto no se está acorde con las recomendaciones de la Ocde en tanto se observa una ausencia de claridad en cuanto a las estrategias que se pretende sean reveladas y porqué. Adicionalmente, no parece que se haya considerado el impacto sobre la administración tributaria, quien podría verse desbordada por la cantidad de información que recibiría, y sobre los contribuyentes y promotores en cuanto al costo administrativo de su reporte. 

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