Robledo le pedirá un informe a la Procuraduría en el caso de Gustavo Petro

El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, confirmó que avanzan las investigaciones contra tres entidades del distrito de Bogotá y 10 funcionarios de la administración de Gustavo Petro, dentro de los que se encuentra el alcalde mayor. Así mismo, dijo que pedirán un informe a la Procuraduría.
“Esa investigación está en la etapa probatoria. Falta por formular algunas pruebas y después el superintendente delegado para la protección de la competencia, Germán Bacca, expedirá un informe motivado con destino al Superintendente para determinar si sanciona o exonera a los investigados”, dijo Robledo.
La Superindustria formuló pliego de cargos en abril de este año contra la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), la Empresa de Acueductos de Bogotá, Aguas Bogotá y los 10 funcionarios de la administración distrital por violaciones a la libre competencia al realizar los contratos para la prestación del servicio de aseo en la capital a finales de 2012. Previo a la sanción, la SIC tendría que convocar al Consejo Asesor de Competencia, conformado por cuatro economistas y un abogado.
Según confirmó Robledo, las decisiones se podrían tomar en unos cuantos meses e indicó que hacen falta unas pruebas testimoniales y revisar unos informes que se han solicitado.
Dentro de la providencia que presentó ayer el procurador general, Alejandro Ordóñez, para la destitución e inhabilitación por 15 años para ejercer cargos públicos contra el alcalde Petro, hay una copia de la investigación que adelanta la SIC. Así como la Superindustria le solicitará a al ministerio público el informé para poder tomar las nuevas sanciones a las empresas que podrían ser multadas hasta por $60.000 millones y por $1.200 millones a los funcionarios.
Esta posible doble sanción por conductas administrativas, una por la Superindustria y otra por la Procuraduría, demuestra la carencia de normas que establezcan los límites de los órganos de control para sancionar las conductas anticompetitivas.
Para el profesor de la facultad de derecho de la Universidad de los Andes, Daniel Bonilla, en este momento no resulta muy importante determinar si la SIC debería ser la única entidad competente para evaluar casos como los de las basuras en Bogotá. Esta es una discusión que podría darse en el futuro cuando se discuta cual es el marco normativo que debería regular este tipo de situaciones.
Bonilla explica que para comprender el caso parece “necesario entender que la Procuraduría interpretó un conjunto de normas que tienen un alto grado de indeterminación, como la libre competencia, y que a través de esta interpretación se está dando un debate sobre cuestiones relacionadas con la distribución del poder político en el país y sobre los ideales de comunidad política que defienden esta entidad y sus adversarios”.
La defensa de Petro
El representante en Colombia de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, aseguró que pedirá una audiencia con el procurador Ordóñez, con el fin de analizar las consecuencias de las determinaciones contra el mandatario capitalino.
De igual manera, el exfiscal general Mario Iguarán, representante legal de Gustavo Petro, le solicitó a la Fiscalía General archivar las dos investigaciones que se adelantan puesto que no encuentra argumentos para imputar cargos.
Las Opiniones
Daniel Eduardo Bonilla Maldonado
Director Colección Nuevo Pensamiento Jurídico de UniAndes
“Una cosa es que haya unos actos de corrupción que sean claramente demostrables como lo hizo la Procuraduría con funcionarios de la Guajira; y otra es que haya unas fallas administrativas y unos desacuerdos sobre políticas públicas en Bogotá”.
Pablo Felipe Robledo
Superintendente de Industria y Comercio
“La Superintendencia tendrá que pedir a la Procuraduría General la actualización de lo que ha venido ocurriendo en el proceso de las basuras en Bogotá para que en su momento se valore lo que se ha trasladado como prueba de esas actuaciones”.
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