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martes, 16 de octubre de 2012

Este proceso que inició desde finales del año pasado y que formalmente se abrió en febrero de este año, ha llegado al momento más esperado tanto por la ANH como por los proponentes, pues la primera podrá medir el éxito de su gestión de muchos meses de preparación, diseño de estrategias y ejecución del proceso de contratación para poder entregar áreas en las mejores condiciones para el país y propiciar que los recursos naturales no renovables a su cuidado y administración cumplan con el objetivo de proveer la máxima utilidad.

Y por su parte, las empresas apuestan por obtener de modo primario el bloque que les permita desarrollar actividades de evaluación, exploración y producción de hidrocarburos en condiciones atractivas para sus intereses, mediante el adecuado equilibrio de las variables determinantes de su decisión de inversión que incluyen una aceptable prospectividad y cargas fiscales para la rentabilidad estimada, además de condiciones de entorno social, político, de seguridad y de estabilidad de reglas.

No es al azar que para presentar propuestas se escoge un área y se estima una cantidad de actividades y monto de inversión. Las empresas seleccionan sus portafolios de inversión teniendo en cuenta los proyectos que mejores condiciones ofrecen en esa combinación de factores técnicos, económicos y de entorno, lo cual hace que los resultados sean en algún grado predecibles frente a la selección de áreas de mayor atractivo, pero con alta posibilidad de variación a la hora de conformar la propuesta específica acorde con las expectativas y la capacidad económica de los proponentes.

La propuesta, en esta ocasión, deberá seleccionar el área, el monto de la inversión adicional a la establecida por la ANH como la mínima a realizar en la primera fase y el porcentaje de participación en la producción que se ofrece al Estado en caso que el contrato logre llegar a la explotación, una vez haya tenido la suerte del descubrimiento comercial. Empresas nacionales y, en su mayoría, extranjeras, privadas y públicas, de diversas regiones y países, establecidas en el país y con ganas de establecerse, todas compiten por las mejores áreas, las de mejor información, de comprobada prospectividad o con potencial para los no convencionales, dispuestas a arriesgar, apostándole a lograr la consecución de las licencias ambientales, a realizar los trámites de consulta previa, a lograr la licencia social de las comunidades vecinas y a comprometer a los trabajadores y sus sindicatos de los atractivos de los proyectos petroleros y poder llevar un parte de éxito a sus accionistas.

Pocos sectores como el petrolero mantienen la atención de tantos.  La suerte de este sector le afecta o le beneficia a muchos y por eso su constante evolución institucional, normativa, de imposición de nuevas cargas fiscales y de mayores condicionamientos operacionales y restricciones ambientales.

Los proyectos de ley en curso son una muestra de ese interés que suscita la industria petrolera, entre los cuales están el que pretende imponer reglas de contratación laboral y de bienes y servicios, el que quiere establecer el pago del impuesto de industria y comercio (ICA) a la producción de hidrocarburos, el que quiere adicionar a los impuestos y derechos económicos que sume el inversionista nuevas compensaciones, el que pretende el incremento de la tarifa de regalías para compensar lo perdido por las áreas productoras con la reforma constitucional del año pasado, o el que elimina la deducibilidad de los pagos por regalías y compensaciones por impuesto de renta.

No obstante estos riesgos, algunos que afectan proyectos en curso, el interés de los inversionistas en la industria sigue y la confianza en las condiciones del país se mantiene, quizás porque también le apuestan a la razonabilidad de los cambios.

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