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Laura Vita Mesa - lvita@larepublica.com.co sábado, 18 de abril de 2020

Consultorio de Asuntos Legales sobre los retos que enfrenta el funcionamiento de la justicia frente a la emergencia del Covid-19

La coyuntura del Covid-19 ha planteado desafíos para todos los ámbitos de la sociedad y la justicia, por supuesto, no es una excepción, en cuanto enfrenta, entre otros, el reto de alterar su funcionamiento y prestar los servicios de manera virtual.

En la medida en que el aparato judicial viene funcionando de forma virtual, Marco Álvarez, magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, planteó en el Consultorio de Asuntos Legales ‘Adaptación de la justicia al Covid-19’ la posibilidad de que el internet sea considerado un derecho. Ante ello, Guillermo Cáez, socio de resolución de controversias en Cáez Muñoz Mejía, replicó que “si el funcionamiento del Estado está bajo plataformas digitales, el espaldarazo que tiene que dar el Gobierno es dar la categoría de internet como servicio público esencial, de acceso necesario, pero hay que generar también infraestructura, no solo conectividad”.

LOS CONTRASTES

  • Alejandro Mejía Socio de Cáez Muñoz Mejía

    Esta crisis trajo el empujón que hacía falta para que el Estado analice detenidamente la regulación del servicio de internet como servicio público esencial

El magistrado, sin embargo, destacó que “normativamente la justicia estaba para enfrentar las medidas de la pandemia” y resaltó que la Rama Judicial no tiene el atraso tecnológico que normalmente se piensa. “En tres semanas se han hecho más de 8.500 audiencias virtuales, lo que demuestra que sí es posible. Sin embargo, el soporte tecnológico no es suficiente para poder atender toda la demanda de justicia. Hay que retomar el sistema de manera progresiva”.

Por eso, pensando en la necesidad de buscar alternativas que permitan implementar gradualmente el sistema de justicia, Cáez propuso que el sistema de información se convierta en un sistema de notificación electrónica. “Hay que abrir el paso para que la administración empiece a ser digital y eso empieza con permitir la radicación de manera digital y seguir esos expedientes de forma digital”.

En línea con esto, Álvarez planteó la posibilidad de integrar la inteligencia artificial a la justicia, señalando que existen muchos procesos de mínima cuantía en los que nunca hay oposición- “entonces sería viable que la persona que necesitara acceder al sistema solo llenara un formulario y se generara la notificación para que, automáticamente, el proceso siga si no hay oposición. Nada obsta para eliminar la idea de juez físico en esos casos”, dijo.

Cáez estuvo de acuerdo con el magistrado en que “no puede decirse que la pandemia es de fuerza mayor en sí misma”, y afirmó que hay que recordar la humanización de los contratos. Entre tanto, Álvarez destacó que es importante que los jueces generen soluciones equitativas y se creen mecanismos expeditos para casos en que se pretenda aplicar la teoría de la imprevisión.

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