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Ana María Bedoya Jiménez - amabe2010@larepublica.com.co martes, 25 de junio de 2013

Los 31 aspirantes a Auditor General de la Nación, tendrán este jueves cinco minutos para exponer, ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, sus planteamientos sobre las acciones que realizarían dentro del cargo.

Se espera que el mismo día, la Sala Plena escoja la terna para presentarla al Consejo de Estado, entidad de deberá elegir al funcionario que reemplazará a Jaime Ardila. Si no es este jueves, el propósito de la Corte es conformar la terna antes de las próximas dos semanas.

Dentro de los aspirantes, llama la atención la candidatura del hermano del exfiscal General Mario Iguarán, Ángel Alfredo Iguarán Arana, ex funcionario de la Procuraduría, quien renunció antes de que su familiar llegara al alto cargo. Es Economista y Administrador de Empresas de la Universidad Santo Tomás y magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Javeriana. Se ha desempeñado como Director de la Unidad de Presupuesto del Consejo Superior de la Judicatura y también fue candidato el año pasado para ser el secretario general del Senado.

Así mismo, son varios los actuales funcionarios de la Auditoría que aspiran al cargo. Es el caso de Germán Barco López, actual auditor de la Seccional de Armenia (Quindío), organismo que vigila las contralorías departamentales de Caldas, Quindío y Risaralda y de Armenia, Manizales, Pereira y Dosquebradas. Barco es Abogado, Administrador Financiero y Bancario, con especialización en Administración Pública, Administración de Empresas y Derecho Administrativo.

Otro aspirante es José Luis Franco Laverde, actual director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Auditoría. Es Abogado, con especialización y magíster en Derecho Administrativo. Ha trabajado como juez administrativo de Tunja, en el Ministerio de Educación y en la Contraloría Departamental del Vichada.

Sara García Padilla, auditora (e) también presentó su hoja de vida. Es abogada y licenciada en trabajo social. Ha trabajado durante más de dos años en la Secretaría General de la entidad, además, ha pasado por la Gobernación de Santander y el Ministerio de Protección Social. En este sentido, también se presentó Reynaldo Ríos Pérez, auditor delegado para la Vigilancia de la Gestión Fiscal, quien es Administrador de Empresas y Abogado con especialización en Dirección de Empresas y Derecho Público.

Otro de los funcionarios candidato es Édgar Omar Villamizar Fuentes, actual auditor de la seccional Bogotá. Es Abogado con especialización en Derecho Penal y Constitucional. Se ha desempeñado como asesor de despacho en las Contralorías de Bogotá y Cúcuta y en varias entidades privadas como Best Coal SAS y Carbones y Minerales de Norte de Santander .

Relaciones con SaludCoop
Sin embargo, dentro de este listado de aspirantes, también hay nombres polémicos. Según informó el Noticiero CMY, dos de los candidatos para Auditor tienen relaciones con la intervenida EPS, SaludCoop.

El primero es el abogado Pablo César Díaz Barrera, quien aparece como apoderado de Jorge Enrique Corrales y Ana María Piñeros, ambos, integrantes del consejo de administración de SaludCoop en el año 2010. El otro abogado que aparece en la lista para el alto cargo es Jorge Mario Rivadeneira Mora, quien figura como apoderado de la Óptica SaludCoop, de la Clínica SaludCoop Los Andes, de la Clínica SaludCoop de Santa Isabel y de SaludCoop México. También figura Carlos José Bitar Casij, quien según información de la Procuraduría, tiene dos investigaciones en el organismo de control. La primera se encuentra en evaluación de indagación preliminar desde noviembre de 2012 y la segunda, en estudio preliminar desde diciembre.

Las movidas de Ardila
El exauditor Jaime Ardila fue nombrado para un periodo de dos años pero no quería irse. Así que para reelegirse logró incluir un artículo en una ley estatutaria, iniciativa que llegó a la Corte Constitucional. No obstante, dicha Corporación congeló su decisión argumentando que se debía dar cumplimiento a la ley en el sentido de que la Corte Suprema de Justicia debía abrir el concurso para el cargo y elegir la terna.

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