jueves, 17 de enero de 2013

Proyecto de Decreto del Departamento Nacional de Planeación Los actos, decisiones y actuaciones de la administración en el Proceso de Contratación y los contratos que celebren las entidades públicas deben estar sujetos a la Constitución Política, a la Ley y al presente decreto.

El presente decreto deroga el Decreto 734 de 2012 excepto las siguientes disposiciones: a) los artículos 3.8.1.1 al 3.8.3.20 relativos a la enajenación de bienes que forman parte del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado -FRISCO-; y (b) los artículos 5.4.1. al 5.4.4. referentes a las garantías en la contratación de tecnologías satelitales.

En los proceso de selección en curso, en los cuales la Entidad Estatal haya expedido el acto de apertura de contratación, o ajustarlo mediante Adendas, en los términos del presente decreto.

Los servidores públicos están obligados a optimizar el valor del dinero destinado a la adquisición de bienes, obras y servicios, buscando la mejor composición de la relación costo, beneficio, calidad y oportunidad.

El proceso de contratación debe contribuir a obtener los resultados y metas de la entidad estatal.

Los actos, decisiones y actuaciones de la administración en el proceso de contratación deben ser enfocados a satisfacer oportunamente la finalidad del contratar, sin incurrir en costos o demoras innecesarios.

La entidad Estatal no puede establecer condiciones discriminatorias en los documentos del proceso. Todos los interesados en el proceso de contratación deben tener la misma oportunidad para competir y ser tratados de forma equitativa.

Consejo de estado
La falta disciplinaria se enmarca en la preservación de reglas de conducta
Radicación No.: 05001-23-31-000-2005-00990-01(1692-10). La potestad disciplinaria tiene por finalidad sancionar las actuaciones de los funcionarios que conlleven el incumplimiento de los deberes, el abuso o extralimitación de los derechos y funciones y la incursión en prohibiciones; por ende, la falta disciplinaria se enmarca en la preservación de reglas de conducta que debe seguir el servidor público y que guardan relación con principios que guían la función administrativa.

Comunidad andina
El contrato de gestión en materia de derechos de autor debe ser regulado por cada país
Proceso 023-IP-2012 La Decisión 351 no regula específicamente el contrato de gestión y, por lo tanto, éste será regulado, en virtud del principio de complemento indispensable, por la normativa interna de cada País Miembro. Si no existe contrato de autorización entre un tercero usuario y la sociedad de gestión colectiva, la acción consecuente por parte de ésta, si dicho tercero usurpa los derechos de sus afiliados, es la búsqueda de un pago por la utilización no autorizada de dichos derechos.

Congreso de la república
Se crea el fondo especial para la administración de bienes de la Fiscalía General de la Nación
Ley No. 1615 Se crea el Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación previsto en la Ley 906 de 2004, modificada por la Ley 1142 del 28 de junio de 2007, establecer los sistemas para la administración de los bienes y recursos que sean puestos a disposición del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la . Nación, y dictar otras disposiciones generales sobre su funcionamiento.

Consejo de estado
Fundamento constitucional del principio de reparación integral
Radicación No.: 05001-23-25-000-1995-01209-01(21884) La reparación integral tiene que ver, de un lado, con lograr que las víctimas puedan mejorar la situación en la que las sumergió el daño, superar el miedo, la zozobra y la desesperanza así como recuperar su dignidad y autoestima de modo que les sea factible ejercer a cabalidad sus derechos y, de otro, con mostrar que el Estado se encuentra atento al restablecimiento de la confianza institucional.