Agregue a sus temas de interés

Agregue a sus temas de interés Cerrar

martes, 27 de enero de 2015

La crisis de la justicia no cesó con el fin del paro más largo del sector, que duró tres meses y que lideró la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal). Al parecer la preocupación por la interminable congestión en los juzgados sigue siendo centro de discusiones.

Hace menos de una semana Néstor Raúl Correa Henao, presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, aseguró que se va a adoptar el Plan Nacional de Racionalización de la Oferta Judicial, que recogerá los anteriores planes de descongestión y creará de manera permanente más de 5.000 nuevos cargos y cerca de 1.600 adicionales de manera provisional.

Sin embargo, el Consejo de Estado en cabeza de la magistrada María Claudia Rojas Lasso, asegura que la Alta Corte dirigida por Correa no ha dado respuestas positivas sobre la solicitud de revocar la decisión de desmontar 1.830 cargos de descongestión.

El Acuerdo Psaa14-10282, fue el que prorrogó parcialmente las medidas de descongestión que venían operando y suprimió, en forma inconsulta, el número mencionado de cargos.

La reciente posición del magistrado reafirma la necesidad de mantener dichos puestos para desconegestionar el sector y con ellos se le estaría haciendo un ‘guiño’ a la medida revocatoria de Rojas, pero entonces ¿por qué los suprimieron a fin de año?

Dice Carlos Andrés Echeverry, docente de derecho constitucional de la Universidad Javeriana Cali, que el anuncio hecho por Correa el pasado 21 de enero respondería básicamente a la presión de la Alta Corte dirigida por Rojas.

“La primera medida que adoptó de suprimir los más de 1.800 cargos tuvo un impacto mediático y un impacto en otras jurisdicciones, como por ejemplo la disciplinaria cuya cabeza es la Corte Suprema de Justicia o la Jurisdicción Administrativa hilada al Consejo de Estado. Creo que quiso apaciguar la crítica que se le vino encima al Consejo Superior por haber tomado esa decisión e intentar convencer que no va a haber morosidad judicial”.

Añade Echeverry que los tribunales de descongestión han ayudado a tramitar de manera más ágil procesos que llevaban años durmiendo ‘el sueño de los justos’, y que si no se reincorporan los funcionarios mencionados, se va a seguir generando demora y afectando a los ciudadanos al no materializar el derecho al debido acceso al sistema de justicia. El experto asegura que la Rama tendría un nuevo golpe de imagen y credibilidad por no resolver de forma oportuna los conflictos.

Guillermo Cáez, socio de Cáez, Gómez y Alcalde, explica que si no se revoca la medida se relentizará la justicia. “Los procesos volverían a sus juzgados de origen y esto sumado a los procesos que ya existen, agravarán el tema de tiempo en que se resuelven los casos”. Según Caéz los cargos se suprimieron por falta de resultados de los funcionarios, pero asegura que esta no debió ser la respuesta para esa falencia.

“Lo que debió removerse no fueron los cargos, sino las personas que no estaban haciendo su trabajo. No son los juzgados en donde está el problema, es el recurso humano”, agregó el jurista que tiene algunos procesos de nulidades frente a registros marcarios que llevan más de un año y nisiquiera han sido admitidos.

Datos de la congestión
De acuerdo con las cifras de la Rama Judicial, en Colombia hay hasta la fecha un total de 1,8 millones de procesos represados.

En 2011 eran alrededor de 2,4 millones, o sea que en cuatro años hubo una disminución importante de 25%.

En 2014 entraron 2 millones de procesos y salieron 1,8 millones. Se estima que la entrada en este inicio de año ha sido superior.

El año pasado la justicia tuvo un déficit de $2,2 billones.

Antecedentes
El Consejo de Estado está pidiendo que el Gobierno Nacional, con respeto de la autonomía e independencia de la Rama Judicial, contribuya a la solución inmediata de la grave situación, permitiendo a la Sala Administrativa el manejo directo y oportuno de los recursos que fueron asignados para la descongestión judicial por la Ley de Presupuesto.

Dice la corporación que el Consejo Superior de la Judicatura, debe realizar las gestiones presupuestales necesarias para reestablecer las medidas.

Las opiniones

Carlos Andrés Echeverry
Docente de derecho constitucional de la Javeriana Cali
“La primera medida que adoptó el Consejo Superior de la Judicatura de suprimir los más de 1.800 cargos tuvo tanto impacto mediático, que creería que quiso apaciguar la crítica que se le vino encima asegurando los de los nuevos puestos requeridos”.

Guillermo Cáez
Socio de cáez, gómez & alcalde
“Los procesos volverían a sus juzgados de origen y esto sumado a los procesos que ya existen, agravarán el tema de tiempo en que se resuelven los casos. Los cargos se suprimieron por falta de resultados de los funcionarios, así que debieron cambiar el personal”.

LA REPÚBLICA +

Registrándose puede personalizar sus contenidos, administrar sus temas de interés, programar sus notificaciones y acceder a la portada en la versión digital.