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Colprensa Viernes, 5 de septiembre de 2014

Un grave perjuicio, un mal ejemplo y algo muy difícil de evitar, así catalogan los juristas la decisión de abandonar el país que han tomado cuatro exaltos funcionarios del Gobierno.

La última en hacerlo, alegando falta de garantías procesales y alto riesgo de violación a sus derechos, es la excontralora Sandra Morelli.

Es el cuarto episodio desde 2010. A ella la precedió el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años por la Corte Suprema de Justicia, en el caso de AgroIngreso Seguro.

Antes lo habían hecho el exconsejero para la Paz, Luis Carlos Restrepo (2012), investigado por la presunta falsa desmovilización de un frente de las Farc y quien tiene una medida de aseguramiento pendiente; y la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado (2010), con orden de captura por los delitos relacionados con el escándalo de las “chuzadas” en su antiguo despacho.

Miguel Jaime Contreras, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, opina que “esto va desacreditando a la justicia y se pierde la confianza en la institucionalidad”.

Ricardo Hoyos Duque, expresidente del Consejo de Estado, estima que “lo que debe estar pensando el ciudadano de a pie es qué tan confiable puede ser la justicia: si ni siquiera a Morelli, que está en un alto cargo del Estado, le garantizan los derechos”.

¿No se puede evitar?

Frente a la denuncia común de los cuatro viajeros, de que no existen garantías para sus procesos en la nación, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, ha dicho que “garantías hay para ella (Morelli) y cualquier persona que afronte un proceso judicial en Colombia”.

Y Hoyos señala que, en el caso de la excontralora, el proceso penal no solo depende de la Fiscalía que ella tanto cuestiona. “El papel del fiscal es solo acusar, el que toma la decisión es un juez de garantías, descalificar al acusador porque acusa no tiene sentido, porque si la acusación no tiene pies ni cabeza, pues el juez no la aceptará. Además la Fiscalía no dicta medidas de aseguramiento”.

Evitar que una persona que carece de una medida de aseguramiento, se vaya del país, es difícil. Cuando Morelli y Restrepo lo hicieron, tampoco tenían órdenes de captura en firme. El caso de Arias es distinto, por eso se le considera prófugo de la justicia.

El magistrado Jaime expone que no solo no existe una manera de evitar que se vayan, sino que “no es necesario. Si la persona entra en rebeldía, se le juzga en ausencia, porque quiso así. Asistir a audiencias es un derecho y no una obligación”.

Solo cuando un juez ordene el aseguramiento intramural, la Fiscalía podrá solicitar una orden de captura internacional.

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