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Colprensa lunes, 25 de febrero de 2013

Desde el 10 de febrero la Corte Constitucional tiene un nuevo presidente y vocero. Se trata del antioqueño Jorge Iván Palacio, un abogado egresado de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín.

A los cargos de juez municipal en Fredonia, promiscuo de Támesis y de circuito en El Santuario (Antioquia), Palacio suma la experiencia que le dio su paso por las salas laborales del Tribunal Superior de Medellín y de la Corte Suprema de Justicia. Algunos de sus retos serán el proceso de paz, el fuero militar, la reforma tributaria, la adopción por parejas del mismo sexo, el nuevo sistema de salud y la devolución de tierras a las víctimas del conflicto.
 
¿Cree usted que se ha llegado a un punto de irrespeto a los máximos tribunales?
 
 Esa es una legítima manifestación de la libertad de expresión y de opinión, que encuentra pleno respaldo en la Constitución Política y en instrumentos internacionales de derechos humanos que hacen parte del ordenamiento jurídico interno. Además, los diversos asuntos que son del conocimiento de la Corte, no pueden sustraerse del debate público, siempre y cuando, sean realizados objetivamente y con responsabilidad, eso contribuye al fortalecimiento de nuestra democracia.
 
¿Cómo recibe la Corte la congestión judicial?
 
 Aunque no hay congestión, si es bueno comentar que tan solo en 2012 fueron recibidas en todo el país 424.400 tutelas, de los cuales fueron seleccionadas para revisión 1.119 casos. A esto se suma el estudio de 566 demandas de inconstitucionalidad, 31 leyes aprobatorias de tratados internacionales, 9 objeciones gubernamentales y 3 proyectos de ley estatutaria. Así pues queda claro que el volumen de asuntos que debe conocer la Corte, es en verdad, muy amplio.
 
¿Qué normas considera deben estar dentro de ese paquete de leyes que se quieren actualizar o abolir?
 
 Se trata de un anhelo del Gobierno que exige una cautelosa revisión de la legislación; finalmente será el Congreso el que dicte la respectiva normatividad. En cuanto a la Corte Constitucional, como el control de constitucionalidad por vía de acción se caracteriza por ser rogado, en su debido momento se pronunciará, de ser el caso, sobre la legislación que resulte de esa iniciativa gubernamental.
 
¿Podría entenderse como un llamado para que se escuche a la ministra de Justicia y se aplique la eliminación de las normas?
 
 A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad de la Constitución, parámetro que desde sus inicios le ha permitido dictar diferente tipo de sentencias en el control de la legislación (interpretativas o aditivas) y para el caso de la pregunta, en las segundas, lo que se busca es preservar el principio de conservación del derecho. En cuanto a la modulación de las sentencias, además de ser propia de diferentes tribunales constitucionales del mundo, en el caso colombiano viene desde la Corte Suprema de Justicia.
 
¿Podría la Corte, de oficio, emitir un pronunciamiento sobre el hacinamiento carcelario?
 
 La Corte Constitucional en sentencia T-153 de 1998, declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucionalidad (ECI) en materia de hacinamiento carcelario en Colombia, y quedaron precisados algunos estándares, para que el Estado diseñe e implemente la respectiva política pública.
 
¿Cómo entender la bondad de esa vía cuando no se ha resuelto el caso?
 
 Frente a la bondad o no de ese tipo de decisiones estructurales, lo único cierto es que no puede efectuarse comparación alguna con la situación de desplazamiento forzado existente en el país. Las dinámicas en uno y otro ámbito son diferentes, así que la superación de ese ECL tendrá lugar atendiendo esas particularidades, para lo cual se requiere especialmente que haya voluntad política.
 
En el tema de las ‘pensiones millonarias’ se convocó a una audiencia pública. ¿Por qué recurrir a ese mecanismo?
 
 Dentro del espíritu participativo que caracteriza el control de la legislación en Colombia, el Decreto 2067 de 1991 contempla la posibilidad de convocar una audiencia pública para profundizar en los argumentos o aclarar hechos relevantes ante de la toma de decisión. Se trata de una opción que es plenamente válida.
 
 
¿En qué va el estudio para fallo relacionado con la adopción que reclama una pareja de mujeres?
 
 El asunto se encuentra desde hace algún tiempo a disposición de la Sala Plena de la corporación y continúa en estudio. No le puedo adelantar más.
 
 
La Corte dispuso hacerle seguimiento al cambio en el esquema de recolección de basuras en la capital, ¿en qué va ese tema?
 
 En este caso han sido recibidos informes de seguimiento de la Procuraduría y numerosos escritos de la población de recicladores. Las últimas decisiones dictadas por la Sala Tercera de Revisión hacen relación con la declaratoria de improcedencia de la solicitud de iniciación de incidente de cumplimiento, y el no acogimiento de la solicitud de convocatoria a una mesa técnica o audiencia pública a todas las entidades y organizaciones de recicladores, efectuada por el procurador general.
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