El Colombiano Martes, 16 de septiembre de 2014

Un estudio del grupo de Investigación en Derecho Penal de la Universidad del Rosario determinó que en Colombia solo se incauta el 0,01% de los bienes de origen ilícito.

Según Wilson Martínez, exvicefiscal general de la Nación y director del Grupo de Investigación, la Fiscalía dirigida por Eduardo Montealegre, tiene más de 9.000 procesos de extinción de dominio abiertos y cada uno de ellos dura en promedio siete años.

Lo que sorprende es que de 0,01% incautado es que representa entre $1,5 billones y $2 billones, dice Martínez, una cifra millonaria. Sin embargo, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), estima que al año se lavan $18.000 billones provenientes del narcotráfico.

Aunque Colombia fue la primera Nación en legislar para la extinción de dominio por la explosión cocalera de los años 80, la figura, aseguró Martínez, “estaba enferma de gravedad”.

Y es que los activos en verdad valiosos para las organizaciones criminales están fuera del radar de las autoridades, “que no saben cuáles son ni dónde están. Esto demuestra que no estamos actuando de manera estratégica para desarticular su estructura económica, y que en esta materia se ha venido dando pasos de ciego”, aseguró Martínez. En su mayoría lo que se desmantela son expendios de droga, automóviles, divisas en pequeñas cuantías detectadas en los aeropuertos o lanchas fuera de borda.

Para el investigador de la fundación Nuevo Arco Iris, Luis Eduardo Celis, la antigua ley de Extinción de Dominio, que ya tiene veinte años, fracasó: “Por esto ameritaría una revisión de un debate público, porque realmente después de tantos años hay evidencia de que la ley no ha cumplido su objetivo”.

Justo el exvicefiscal Martínez, cree que la poca efectividad para perseguir esos capitales ilícitos tendrá solución con la expedición de la Ley 1708 de 2014, por medio de la cual se adopta el nuevo Código de Extinción de Dominio.

Esto porque la regulación se hace a través de diferentes herramientas para luchar contra el flagelo: un régimen de principios propios, una jurisdicción especial para extinción de dominio, la posibilidad de una extinción abreviada, un modelo de investigación que reviste de mayores facultades a la Fiscalía, un conjunto de mecanismos de garantía para proteger los derechos de los terceros de buena fe, un régimen probatorio propio y un régimen de cooperación internacional de avanzada.