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María Camila Suárez Peña - msuarez@larepublica.com.co jueves, 31 de diciembre de 2015

La multa total impuesta que había sido anunciada era de $320.000 millones. Sin embargo, lo que deberán pagar Asocaña, Ciamsa, Dicsa y 12 ingenios azucareros serán $260.000 millones. "La Superindustria redujo el monto de la multa a Asocaña (entidad que deberá pagar $579,9 millones), después de revisar sus estados financieros, los cuales solamente fueron aportados por el gremio en el trámite del recurso de reposición", informó la entidad en un comunicado. 

Ciamsa, comercializadora internacional de azúcares y mieles, deberá pagar $3.840 millones, y Dicsa (Desarrollos Industriales y Comerciales), tendrá que pagar $900,1 millones. Por el lado de los ingenios, los tres que deben pagar las multas más elevadas son: Ingenio del Cauca ($49.059 millones), Ingenio Riopaila Castilla ($40.157 millones), e Ingenio Providencia ($35.399 millones). 

En la lista también figuran Manuelita, Mayagüez, Ingenio Pichichí, Ingenio La Cabaña, Ingenio San Carlos, Ingenio Risaralda, Ingenio SanCarlos, Ingenio Carmelita, Central Tumaco e Ingenio María Luisa.   

"Esta conducta tuvo por objeto obstruir y dificultar el proceso de importaciones de azúcar al país", enfatizó el Superintendente Robledo. 

Adicional a eso, la Superindustria confirmó las sanciones a 12 altos directivos de los ingenios por haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado la conducta anticompetitiva sancionada en la modalidad de cartelización empresarial. Sin embargo, a cuatro de ellos se les redujo el monto de la multa, y dos fueron exonerado de pagar algún monto. 

Entre estos funcionarios se encuentran Santiago Salcedo Borrero, que tendrá que pagar $413 millones; Adolfo León, con una sanción por $409 millones; y Gonzalo Ortiz, que deberá pagar $402 millones. En la lista también figuran Luis Fernando Londoño, que deberá pagar $61,8 millones; Clemente Carlos Mira, con una multa de $91,4 millones; y Juan Cristobal Romero ($51,5 millones): 

Por otro lado, la entidad confirmó su instrucción impartido al comité directivo del Fepa y al Gobierno Nacional, para que revisen con lupa los estados y manejos del Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar, en un término máximo de seis meses.  

Sector azucarero responde y anuncia que tomará medidas legales 

Pablo Cáceres, vocero de Asocaña, comentó que los actos de la Superindustria continúan siendo ilegales y que están fuera de lo contencioso administrativo. "Lo que hemos demostrado, de forma suficiente, es que el hecho imputado a Asocaña nunca ocurrió, ya que en Colombia las importaciones son libres, los particulares no intervienen para dar vistos buenos ni nada. Cualquier multa resulta evidentemente ilegal”, enfatizó. 

Además, dijo que la entidad que representa seguirá recurriendo a las alternativas que otorga la Ley para poner de manifiesto su inconformismo con la decisión de la Superindustria. “Es una actuación llena de vicios”, agregó Cáceres. 

Por otro lado, Manuelita señaló, mediante un comunicado que "respeta y acata la resolución de la Superindustria, pero no la comparte, razón por la cual en ejercicio de sus derechos, interpondrá una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo". La empresa indicó que demostrará en la instancia judicial que no incurrió en prácticas restrictivas de la libre competencia en forma directa o indirecta, y que además la Superintendencia condujo la investigación administrativa con violación del debido proceso, razón por la cual la empresa no pudo ejercer plenamente su derecho a la defensa.

 "En relación con la supuesta obstrucción de importaciones de azúcar a Colombia, Manuelita S.A. considera que demostró ampliamente en la respuesta al Informe Motivado y en el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio, que la conducta no se llevó a cabo, ni por objeto ni por efecto", agregó la información emitida por la empresa. 

A estas reacciones se suma la del Ingenio Riopaila Castilla que informó: la empresa  "acata y respeta la decisión tomada por la SIC, sin embargo anuncia que acudirá al Contencioso Administrativo, pues está convencida de la transparencia y legalidad de su proceder en el total respeto de la libre competencia. Riopaila Castilla nunca ha acordado restringir importaciones, que es por lo que se le condena en la resolución emitida por la entidad. La misma Superintendencia encuentra que la conducta de los representantes de la compañía se ajustó a actuaciones de libre competencia, por tanto no se entiende la decisión final anunciada por la entidad". 

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