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Natalia Arteaga - narteaga@larepublica.com.co miércoles, 8 de octubre de 2014

La propuesta del Tribunal de Aforados, incluida dentro de la reforma de Equilibrio de Poderes que radicó hace más de un mes el Gobierno en el legislativo, le costaría al Estado cerca de $8.315 millones anuales, así lo confirmó la magistrada María Mercedes López, presidenta de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

De acuerdo con la funcionaría, cada magistrado considerado para la nueva institución, que supliría las funciones del Consejo Superior de la Judicatura, representaría, en materia económica, una suma de $1.663 millones anualmente.

Los funcionarios del Tribunal, si llega a pasar el proyecto en el Congreso, serían cinco, lo que traduciría una suma de más de $8.000 millones cada 12 meses. Esto, solo para juzgar a 67 aforados que hay en el país (sin contar con los trece magistrados del Consejo Superior de la Judicatura que desaparecería).

Dice López que “la inversión que se le hace a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en el mismo periodo mencionado, no asciende a $10.000 millones, entre los siete magistrados que conforman la organización. Lo que resultaría más favorable, si se tiene en cuenta que la organización en la actualidad investiga a todos los magistrados de las Altas Cortes, Tribunales, jueces y abogados. Hay que estudiar la relación costo beneficio”.

La mayor molestia de la magistrada estaría en la concepción del nuevo Tribunal, que según ella, tiene el mismo error de forma por el que se crítica a la Sala en este momento. Su origen es político ya que sería la Comisión Nacional de Servicio Nacional del Servicio Civil, la encargada de nominar los cargos.

En la XXVIII Asamblea de Anif, realizada ayer en el Hotel Tequendama, la discusión sobre las instituciones se ‘calentó’ durante el panel y mucho se habló sobre las responsabilidades que ha tenido la Sala Disciplinaria en la congestión de la justicia. Se cuestionó su actividad y su origen, mediados, ambos, por intereses políticos.

Incluso, Héctor Riveros, consultor del Pnud, aseguró que la función del brazo disciplinario del Consejo Superior de la Judicatura ha operado pésimamente, ya que se ha convertido en una cuota política.

“La gestión ha salido mal porque la sección recibió el aval de la Corte Constitucional para asumir tutelas como jueces. La situación es muy grave, son jueces permeados por la política, es una mala combinación”. Para contestarle la crítica a Riveros, López aseguró que si bien la Sala Disciplinaria si tiene un problema de forma desde su concepción en 1991, no se puede decir lo mismo de sus seccionales y puesto que en 22 años, los procesos en dichos lugares aumentaron 15.000%.

“En 1992 se atendían en las regiones 4.200 procesos y al corte de 2013, estábamos resolviendo más de 63.345 procesos. La jurisdicción disciplinaria está creciendo desmesuradamente, porque se han incrementado las quejas de los ciudadanos contra los magistrados, los jueces y los abogados, un punto importante a la hora de evaluar el deterioro de la imagen en la justicia”, señaló. .

El sistema de descongestión
De acuerdo con Gloria Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, el sistema de descongestión en 2014 contó con $450.000 millones, con los que se crearon 200 cargos de magistrados, 9.000 de jueces y 8.800 cargos de apoyo. El presupuesto general de la Nación para 2015 se aprobó por $216 billones y de ese monto, $3,3 billones le corresponderían a la Rama Judicial.

El desarrollo ligado a la justicia
El presidente, Juan Manuel Santos y el hombre más rico de Colombia, con una fortuna de US$15.700 millones, Luis Carlos Sarmiento Angulo, coincidieron en que el desarrollo durante el crecimiento económico del país, dependerá, entre otras cosas, de un adecuado sistema de justicia.

En la instalación que fue precedida por ambos líderes, Santos insistió en los avances que ha tenido la justicia y afirmó que para lograr un sistema más óptimo se requiere de mayor inversión en la materia y una visión más holística sobre la superación del conflicto en Colombia. “Todos debemos buscar la paz, ya que para lograrla, se requiere de mayores recursos, de un salto trascendental y un esfuerzo equivalente. Si se invierte lo mismo y se piensa igual, se tendrán los mismos resultados. Se mantendrían, desafortunadamente, la poca presencia del Estado en la periferia, entre otros”. Por su lado, Sarmiento aseguró que el desarrollo de la paz se dará de forma más sencilla, si se consigue una efectiva reforma en el sector justicia, los procesos se den de manera justa y con prontitud.

Las Opiniones

Juan Manuel Santos
Presidente de la República

“Todos debemos buscar la paz, y para lograrla se requiere de mayores recursos, de un salto trascendental y un esfuerzo equivalente. Si se invierte lo mismo en justicia, se tendrán los mismos resultados”.

María López
Presidenta de la sala jurisdiccional disciplinaria del CSJ

“Los funcionarios del Tribunal de Aforados serían cinco, lo que traduciría una suma de más de $8.000 millones cada 12 meses. Esto, solo para juzgar a 67 aforados que hay en Colombia”.

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