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  • Colprensa

miércoles, 12 de marzo de 2014

Ante un juez de la República, el director de Centros de Estudios de Trabajo, Cedetrabajo, Enrique Alfredo Daza, interpuso una acción de tutela contra la administración de justicia alegando presunta omisión del Consejo de Estado en el caso de la venta de acciones de la electrificadora Isagen.

Según Daza , con la venta se estaría violando el derecho al debido proceso y el derecho constitucional al acceso a la administración de justicia que, presuntamente, se vio amenazado por la omisión en la que habría incurrido la magistrada de la sección primera del Consejo de Estado, María Claudia Rojas Lasso.

En el documento, conocido por Colprensa, Daza argumenta que aunque se solicitó la suspensión provisional de la enajenación de la electrificadora, a través de la revisión de unas medidas cautelares y otros recursos, no se habría hecho una revisión pertinente a la solicitud. “Se solicitó como medida cautelar la ‘suspensión provisional’ del Decreto 1609 de 2013 con el fin de interrumpir la venta de un activo de importancia estratégica para la Nación (…) La acción de inconstitucionalidad fue asignada por reparto a la honorable magistrada María Claudia Rojas Lasso”, explica la tutela.

Además, hace referencia a la supuesta omisión, “se encuentra al despacho desde el 21 de octubre de 2013, sin que a la fecha no se haya emitido pronunciamiento ni sobre la admisibilidad de la demanda, ni sobre el decreto de las medidas cautelares solicitadas”.

Lo anterior, según el director de Cedetrabajo, permitió iniciar, por parte del Gobierno, el proceso de venta “a pesar de las demandas impetradas contra el acto (...) adelantando la primera fase de adjudicación de acciones, la cual se ofreció al sector solidario que adquirió solamente el 0,09 por ciento de las acciones en venta”.

Al respecto, Colprensa intentó comunicarse varias veces con la magistrada, sin embargo no fue posible conocer su opinión sobre el caso, ni el estado en el que actualmente se encuentra dicho proceso. Por su parte, Daza asegura que el proceso de venta de la electrificadora, que empezó a mediados de 2013, sería inconstitucional debido a que no se han tenido en cuenta los diferentes recursos judiciales interpuestos para evitarla. De acuerdo con el documento, en el plan de venta adelantado por el Gobierno no se tuvieron previstos los “procedimientos, requisitos y términos que deben tenerse en cuenta para la enajenación de la propiedad accionaria estatal “, en este caso la venta de la empresa de servicios públicos.

Tampoco se tuvo en cuenta que en el Plan Fiscal a Mediano Plazo, en el que “no aparece ninguna mención a la venta de la participación accionaria de la Nación en Isagen”.

Por lo cual, “se inició un proceso de adjudicación y venta de una empresa de economía mixta, basado en un acto administrativo ilegal e inconstitucional, violatorio del derecho fundamental al debido proceso y el principio de sostenibilidad fiscal”, dice la tutela. Además, reitera “la solicitud de ordenar la suspensión provisional (…) hasta que se resuelva de fondo los cargos de inconstitucionalidad y de legalidad endilgados al mismo, como medida cautelar para evitar un eminente detrimento patrimonial y a configuración de un perjuicio irremediable para la nación”.

Uribe también pide suspender venta
Guillermo Rodríguez, abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el proceso contra la venta de Isagen, pidió este martes a la Sección Primera del Tribunal Contencioso de Cundinamarca que adopte medidas cautelares que suspendan transitoriamente la venta de la compañía.

Según Rodríguez, ese tribunal debería tomar una medida de esa naturaleza para garantizar el curso del proceso ante la venta del primer paquete accionario que se inició el martes.

Según el documento que fue radicado en esa corporación, “no existe claridad en cuanto a las motivaciones, fundamentos jurídicos y técnicos en cuanto a la expedición de un nuevo decreto N. 2316 del 22 de octubre de 2013 con un aumento del valor de la acción de la compañía, llama la atención esta maniobra antijurídica, amoral y anti técnica que no tiene otro fin que evadir el actuar de la administración de justicia, tratándose de esta demanda”.

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