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  • Juliana Ramírez Prado

jueves, 21 de julio de 2016

La entidad profirió las resoluciones 40608 y 42357 de 2016, en las que negó la solicitud de registro de la marca (Udca) Universidad de Ciencias aplicadas y Ambientales en las clases 16, 38 y 42, así como a su vez revocó la resolución 18868 del 22 de abril de 2015 que concedió la misma marca en la clase 41 a nombre de la sociedad Gestora Universitaria S.A.

Carolina Daza Montalvo, directora de Servicios Técnicos y Jurídicos de Clarke, Modet & C, manifestó que “la decisión emitida es muy importante porque evaluó las pruebas que comprueban la mala fe del solicitante y una vez valorados los documentos, se consideró que hay un posible acto de competencia desleal, negando y revocando el registro”.

Entre los documentos que Daza Montalvo presentó para demostrar que el signo solicitado tenía una similitud gráfica, fonética y conceptual con el registro previo de su cliente, se destaca resoluciones del Ministerio de Educación en la que se le reconoce la personería jurídica a la institución,  ejemplares de revistas y periódicos, brochures de los diferentes programas de pregrado y postgrado, y publicidad de la universidad, entre otros.

Entre los argumentos se resalta que “la protección del nombre comercial se otorga desde el momento en que ha iniciado el uso efectivo y real del signo en el mercado. En efecto, nuestra legislación no establece un sistema registral para la protección de nombres comerciales, sino que el derecho sobre los mismos se adquiere mediante su primer uso”.

Una vez la Delegatura analizó el caso, pudo establecer que la institución está constituida desde el 20 de mayo de 1983 y que la sociedad opositora ha utilizado de manera continua el servicio de educación superior desde 2005. Así mismo, la Superindustria identificó que las marcas en confrontación son idénticas,  lo que permite al consumidor estar expuesto a un riesgo de confusión y asociación.

Guillermo Cáez, socio de Cáez, Gómez & Alcalde, resaltó que  el argumento principal de la negación y revocación de la concesión de la marca en las diferentes clases, fue la mala fe.

Respecto a esto, quedó demostrada una relación contractual que duró siete años entre las partes intervinientes, con lo que se evidenció el conocimiento previo que tenía el solicitante de la marca que legítimamente le pertenece a la sociedad opositora.

“Es imperativo para esta Dirección tener en cuenta que no existe en la presente solicitud un propósito legítimo de usar el registro marcario para identificar servicios propios, lo cual constituye mala fe, y da paso al indicio razonable de competencia desleal”, precisó la SIC.

Sobre la mala fe

Cabe precisar que el acto administrativo objeto de análisis se encontró incurso en la causal descrita en el numeral primero del artículo 93 del (Cpaca), “toda vez que viola los principios universales del derecho y el régimen marcario Andino donde la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes impugnan o formulan observaciones a dicho registro” .

La opinión

Carolina Daza
Director de Servicios Jurídicos Clarke, Modet & Co
“La decisión es muy importante porque evaluó las pruebas que demuestran la mala fe del solicitante y se consideró que hay un posible acto de competencia desleal, negando y revocando el registro”.

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