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Colprensa miércoles, 27 de noviembre de 2013

El departamento del Valle del Cauca se salvó de pagar más de $8.000 millones que le había ordenado un laudo arbitral con ocasión de supuestos perjuicios causados a un consorcio con el que suscribió la consultoría para realizar obras de infraestructura.

El Consejo de Estado declaró la nulidad del laudo arbitral y explicó que el tribunal que dirimió el conflicto con el consorcio excedió sus facultades.

De acuerdo con la Sección Tercera del Consejo de Estado, dicho tribunal tuvo en cuenta algunos contratos de concesión derivados que no estaban dentro del contrato inicial y que era el que podía ser resuelto mediante laudo.

El caso hace referencia al contrato de consultoría que firmó el departamento con el Consorcio Desarrollo del Valle del Cauca para una asesoría técnica, legal y financiera para crear un mecanismo que permitiera la vinculación de capital privado para el desarrollo de obras de infraestructura que serían financiados con vigencias futuras aprobadas por la Asamblea del Valle.

Dicho consorcio acompañaría la selección de las entidades con quienes se suscribiría el contrato de concesión para la ejecución de las obras. Allí, el departamento se comprometió en su momento a conseguir que los concesionarios a quienes se otorgaran los contratos, le pagaran al consorcio como comisión de éxito el 2% del valor de sus contratos, figura que en contratación se conoce como “promesa por otro”.

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