Sábado, 27 de septiembre de 2014

En Colombia se confunde democracia con elecciones. Nuestras jornadas electorales son un parapeto, una gran farsa orquestada por quienes dicen representar al Estado de Derecho, mentira que alberga como única finalidad mantener los privilegios de unos cuantos, en desgreño de lo que le conviene al resto del colectivo social.

Todos sabemos que al País se lo están robando de cabo a rabo y que las reformas tributarias que se promueven y aprueban no son para cubrir el déficit fiscal ni para reactivar la economía a través de grandes construcciones de obras públicas o para solucionar los problemas básicos de la población, sino para saciar el apetito de quienes se han enriquecido ilícitamente a costa de la cosa pública. Con ese mismo dinero sucio y maldito, se hacen elegir o eligen a otro una y mil veces en cargos de elección popular, para seguir montados en el carro del torcido.

El caso del departamento de Córdoba es horrible, da tristeza y mucha rabia. ¿Desde cuándo se lo están robando? Desde siempre, pero ahora más que nunca, por el monto de las regalías que se perciben, pues subieron del 20% al 80%. Lamentablemente, esos recursos no han servido para sacar a ese departamento de la vergonzosa miseria que lo abruma, sino para llenar las alforjas de algunos políticos, contratistas y gobernantes, que, con su impudicia, hunden en el abandono a una población que muere de hambre y sed, que no tiene trabajo, educación ni salud. En algunas zonas de mi amado terruño, la gente vive como en el medioevo: el agua se transporta en burros, y las personas, como los micos, defecan desde los árboles.

Mientras tenga alientos, mi voz se alzará contra quienes insisten en ignorar que los dineros públicos son sagrados, intocables. Por eso, lo mínimo que podemos hacer los ciudadanos de bien es exigirles a las autoridades investigar el alto grado de desnutrición de los niños cordobeses, el desfalco en las vías terciarias, en los hospitales, los escenarios deportivos inconclusos, los seudo proyectos productivos y los contratos adjudicados a fundaciones (no de dudoso origen sino de origen bien conocido), entregados con la finalidad criminal de eludir la licitación pública. Ningún ser humano decente puede molestarse por tan loable propósito, como es el de denunciar el “robispicio”; solo se indignarán aquellos miserables que beben del pozo putrefacto de la corrupción.

¡Que no nos vengan a decir que la responsabilidad de todo el desastre que padece el departamento de Córdoba es de Jairo Zapa, el Director de Regalías vilmente asesinado, porque detrás de él están los vivos que segaron su vida y que evidentemente hacían parte de un oscuro cartel de las contrataciones!

¿Con qué objeto el gobernador de Córdoba delega la facultad para contratar multimillonarias sumas de dinero, si no es para eludir su responsabilidad en los “negociados” que se tejieron en esas licitaciones? Esa delegación -usted como abogado lo sabe- no lo exime de la responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal, Gobernador Lyons, como bien lo han señalado, en reiterada jurisprudencia, la Corte Suprema de Justicia, y, en decisiones similares, la Procuraduría y la Contraloría.

La situación de Córdoba es de tanta gravedad que amerita que la Gobernación sea intervenida para evitar un descalabro de incalculables proporciones. Córdoba es el reflejo del peor de los males: la corrupción que desangra nuestra patria. La palabra la tienen los entes de control.

La ñapa: En un Estado de Derecho, no puede haber funcionarios públicos, sin Juez ni Ley. Bienvendo el Tribunal de Aforados; es una necesidad inaplazable.