lunes, 15 de junio de 2015
¿Por qué demonios el Ministerio de Minas y Energía, al igual que la Superintendencia de Servicios Públicos, no le ponen un “tatequieto” ejemplarizante a los cínicos de Electricaribe? ¡No hay derecho a que los pueblos costeños pasen días en penumbras por cuenta del paupérrimo servicio que presta esta empresa! La falta de fluido eléctrico ha generado cientos de asonadas en municipios, cuyos habitantes están hartos de vivir a punta de vela, como si estuvieran en el Medioevo y no en pleno siglo XXI.
Si el problema es que los usuarios no pagan -como lo afirman las directivas de Electricaribe-, lo que corresponde hacer, entonces, es, por una parte, bajar las tarifas, que son escandalosas: cuesta más el servicio de energía en el Caribe colombiano, que en Manhattan. Eso no tiene presentación ni mucho menos proporción. Además, se hace necesario, para recaudar la cartera, refinanciar esas deudas con algún tipo de crédito.
El Gobierno no solo se ha hecho el de la vista gorda, con los atropellos de Electricaribe; también ha sido el financiador de la ampliación de sus redes eléctricas, a través de partidas destinadas para esos efectos, por parte del Ministerio de Minas y Energía. Así cualquiera hace empresa: con la plata de otro.
Pero aquí viene lo más grave. No contentos con robar a los usuarios, en muchos casos los someten a trampas mortales: las acometidas y cableados de tercera que utilizan, en los estratos más bajos, terminan por asesinar inocentes que, al prender un radio o abrir la nevera, reciben una descarga fatal. A sabiendas del peligro, Electricaribe insiste en esa infame práctica.
Electricaribe es como los maridos que maltratan a sus mujeres: luego de la agresión juran no volver a hacerlo; pero, cuando baja la tormenta, retornan al horror. Lo mejor sería que dicha compañía se fuera con su “luz” para otra parte. El Gobierno nacional tiene la obligación legal de asegurar la prestación de un servicio eléctrico óptimo y responsable socialmente.
El otro desastre: la reforma de equilibrio de poderes. Luego de revisar detenidamente el texto que finalmente fue aprobado por el Congreso de la República, advierto que nada de lo allí acordado resuelve los problemas de fondo de la justicia. En ninguno de los apartes de la “cacareada” enmienda constitucional se tocan los temas que, a mi juicio, requieren una reingeniería urgente: acceso a la justicia y seguridad jurídica. Por si fuera poco, la norma aprobada significa una clarísima pérdida de autonomía de la Rama Judicial, lo que sin duda constituye un atentado flagrante contra la independencia judicial. Hay que reconocer, sin embargo que, el Congreso hizo un gran esfuerzo legislativo, independientemente del resultado.
En todo caso, esa reforma no tiene futuro. No veo cómo pueda pasar el examen de constitucionalidad, ante la avalancha de demandas que se avecinan. Incluso no descarto que, de entrada sea liquidada, por medio de una suspensión provisional, mientras se estudia de fondo el asunto.
Esta debacle que hoy padecemos los colombianos no se resuelve con pañitos de agua tibia. Lo que se debe promover, y en eso he sido insistente, es la convocatoria a una asamblea constituyente, con la que, paradójicamente, están de acuerdo sectores antagónicos de la vida nacional. En ese bus se quieren montar, los uribistas, los Magistrados de las Altas Cortes, el Fiscal y hasta las Farc, a contrapelo de los deseos del gobierno Santos.
La política es dinámica: los enemigos de ayer, pueden ser los aliados de hoy.
