Sábado, 26 de octubre de 2013

La plataforma sobre la cual se sustenta una democracia es el aparato judicial. Esta rama del poder público, en teoría, es la que debe garantizar el equilibrio que se requiere, a través de la aplicación de la normatividad vigente, para que, por una parte, las instituciones actúen dentro del marco de sus competencias, y, por otra, los ciudadanos vivan armónicamente en sociedad, todo esto bajo el imperio de la ley y dando buen ejemplo.

Cuando no hay justicia porque las entidades que la representan tienen intereses diametralmente opuestos a los señalados por el espíritu de la Constitución y la Ley, un país, cualquiera que este sea, está condenado al fracaso. Las consecuencias directas de una forma incorrecta de administrar justicia son la desinstitucionalización generalizada y la pérdida de confianza de la gente en el Estado.

Si no hay justicia, jamás habrá paz y mucho menos futuro, pues no hay nada que genere mayor resentimiento e inconformismo que la injusticia, que suele manifestarse de múltiples maneras: a través de la corrupción para tomar una u otra determinación; la aplicación selectiva del derecho, dependiendo del “marrano”, y la politización de los fallos, en donde lo que importa son los sesgos ideológicos y no la realidad procesal.

Pues bien, Colombia va rumbo al abismo. Nuestra justicia alcanza índices de desfavorabilidad superiores a los del Congreso de la República, y eso sí que es una auténtica tragedia. Hay que decirlo con claridad: no hay justicia imparcial y objetiva en nuestro país. También hay que señalar que, en algunas fiscalías, juzgados, tribunales y Altas Cortes, hay gente profesional y buena, que lamentablemente es una minoría acorralada. Lo que tenemos, en consecuencia, es un remedo funesto de lo que debería ser la impartición de justicia.

Para la Sala Penal de la Corte Suprema, solo existe la “parapolítica”, pero no la “farcpolítica”: le parecen un peligro para la sociedad Luis Alfredo Ramos y Piedad Zucardi, mientras que el controvertido Yair Acuña es digno de confianza. El Procurador le camina a todo aquel que no profese su fe y le resulta sospechoso quien milite en la izquierda; la Contralora está más enredada que un bulto de anzuelos por cuenta de sus desafueros e ilegalidades, el Fiscal está enfrentado con ella y ella, a su vez, está peleando con la Auditora, pugna similar a la de los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, que también están enfrentados con el Fiscal y entre ellos mismos. Todos contra todos. ¿Y la majestad de la justicia?

El Procurador fustiga a la Corte Constitucional, y los Magistrados de esa corporación se señalan mutuamente porque varios de ellos se inventaron un “vicio” de forma inexistente para hundir el proyecto del Fuero Militar. Se descubre un cartel de jueces en Bogotá, pero la verdad es que ese es un “cartelito”, porque los “capos” están en otro lado. El Procurador se ensaña con los gays, en vez de dedicarle sus esfuerzos a flagelos de verdad graves, como la corrupción, la exclusión y la desigualdad que imperan.

En las distintas instancias judiciales se modifica la jurisprudencia, dependiendo de la filiación política, del odio o los complejos del fallador. Las decisiones jurídicas están determinadas por cálculos electoreros e intereses personalísimos. Esta crisis de la justicia no tiene precedentes en la historia de Colombia. Lo que está pasando da asco y tiende a empeorar. La justicia se ha convertido en una cloaca de vanidades, negocios y egos, olvidando su naturaleza y propósito.

Urge una reforma a la Justicia si no queremos sucumbir como Nación, Estado y sociedad. Propongo desde ya tres de los puntos (son muchos más) que serían determinantes para darle un vuelco a esta coyuntura:

1. Es fundamental que los Magistrados de las Altas Cortes tengan un juez serio e imparcial. Eso los obligará a pensar dos veces antes de actuar. La comisión de acusaciones es un chiste, y ellos lo saben.

2. Hay que delimitar las funciones omnipotentes y atrabiliarias de la Procuraduría y la Contraloría.

3. Nada de funciones electorales para los Tribunales y las Cortes.

Un país aguanta todo, menos que su justicia se desquicie.