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domingo, 6 de julio de 2014

No solo buscan el mal menor para ellos en medio de los cambios que se avecinan, sino también pretenden revivir la “mal enterrada” reforma a la justicia del gobierno Santos, que claramente los beneficia, al igual que a otros togados (por ejemplo: el periodo de los Magistrados aumenta de 8 a 12 años), y, para darse esa pela, requieren estar en la cresta de la ola, recibiendo los aplausos de la galería. En este punto en particular, debo reconocer que tendrían la razón jurídica, así dicha decisión termine por favorecerlos.

La fallida reforma a la justicia de Santos está más viva que nunca y puede emerger de entre las cenizas como el ave fénix. En estricto derecho, ni el Presidente ni el Congreso podían hacer lo que hicieron para hundirla. Así lo advertí en su momento en un artículo titulado Un asalto a la constitución: “Se pasaron la Constitución por la faja, así digan lo contrario: ni el Presidente podía objetar el acto legislativo, ni el Congreso tenía por qué aceptar tales reparos. Santos argumentó, para tomar su arbitraria decisión, que la norma que señala las atribuciones del Presidente no prohíbe expresamente dicha actuación. Y es justo en ese punto donde está el quid del asunto. El principio constitucional universal de Legalidad determina que los servidores públicos solo pueden hacer aquello que se encuentra expresamente autorizado por la ley y no lo contrario, precisamente para que no desborden sus competencias y abusen del poder”. 

La reforma a la justicia era inmoral, pues se trataba de un cruce de favores entre las distintas ramas del poder publico, pero no era ilegal (se surtieron todos los trámites establecidos) y son ciertamente dos cosas diferentes, así en Colombia se tienda a confundir la una con la otra.

El Consejo de Estado es el organismo judicial encargado de determinar la legalidad de la actuación del Presidente en el malogrado trámite de la mentada reforma, y, si actúa con apego a la ley, tendrá que revivirla.

Como están las cosas y por cuenta de los errores y las omisiones de la Rama Ejecutiva y la legislativa, son los mismos jueces quienes están introduciendo cambios a la Constitución por vía jurisprudencial, y hay que decir que, desafortunadamente, dichos movimiento están precedidos por intereses particulares.

Tristemente, en Colombia la justicia está politizada, y la política judicializada, lo que me lleva a concluir que, a lo mejor, nuestro gran problema no son las leyes o la falta de ellas, sino más bien la poca condición humana de aquellas personas que están llamadas a ejercer las mayores responsabilidades de nuestra democracia. 

La ñapa I: Señor Presidente, antes de promover el “parapeto” de la Tercera Vía, le sugiero, respetuosamente, terminar la carretera que conduce de Lorica a Coveñas, y la que va de Tolú a Cartagena.

La ñapa II: Edgardo Maya es de lejos el candidato de más nivel y prestigio para ocupar el puesto de Contralor General.

La ñapa III: Lo digo sinceramente: el fanatismo que se vive en estos días por el fútbol, me remonta a la Edad Media: hordas tribales e irracionales danzando en torno a la hoguera, matándose entre ellos.