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sábado, 8 de marzo de 2014

Colombia requiere con urgencia varias reformas estructurales. Una de ellas debe ser, sin duda, la reingeniería total del sistema y la ley electoral. Lo que tenemos hoy es un adefesio que permite toda suerte de entuertos e ilegalidades. Sobrehumano esfuerzo hace la Registraduría para mantener las cosas a flote, pues la verdad es que dicha institución no cuenta con los mecanismos legales que le permitan ejercer un adecuado y contundente control sobre una actividad que resulta de la mayor importancia para la consolidación de la democracia.

Es innegable que el resto de organismos públicos han dejado sola a la Registraduría Nacional, en una tarea que debería ser del concurso de todo el engranaje estatal. La actividad electoral, en el mejor sentido de la palabra, debe ser una política de Estado.

El Consejo Electoral, que, al igual que la Registraduría Nacional, es también de acuerdo con la Constitución, autoridad electoral, anda en otro paseo. Los miembros del Consejo Electoral son nada más y nada menos que los representantes directos de los partidos que tienen asiento en el Congreso, y entre las funciones que tiene asignadas están la vigilancia de toda la actividad electoral de los movimientos políticos, así como la decisión sobre los recursos que se interpongan contra los escrutinios: es tanto como poner al miserable de Garavito a cuidar un bebé.

Mientras que el Registrador Nacional es elegido por un concurso de méritos (calificado por los presidentes de las Altas Cortes), que ha resultado muy serio, porque la verdad es que hoy ocupa el cargo el colombiano mejor calificado para ello, al Consejo Electoral llega quien más amigos influyentes tenga. La mención del Consejo Electoral es solo un ejemplo en un mar de insensateces.

La incorrecta concepción de lo que debe ser el sistema electoral, las argucias de políticos carroñeros, las fortunas que cuestan hoy en día las campañas, la presión de funcionarios públicos poderosos a otros de menor jerarquía para que voten por uno u otro candidato, que los electores más necesitados deban vender su conciencia por plata o cemento son signos de alerta que hace rato debieron provocar un revolcón. En Colombia, todo es al revés: solo cuando no hay nada más que hacer nos percatamos de que hay que hacer algo.

Si queremos que esto cambie de verdad y que la depuración del proceso electoral sea seria, es necesario:

Que el voto sea obligatorio.

Que las elecciones sean en un día hábil.

Que el transporte sea gratuito en todas las rutas durante la jornada electoral.

Que se elimine el Consejo Electoral, dividiendo sus atribuciones entre el Registrador Nacional y la Sección Electoral del Consejo de Estado.

Que el Estado financie las campañas y que se prohíba totalmente la financiación privada.

Que las listas de los partidos sean cerradas, y que ellos internamente resuelvan el orden de las candidaturas.

Que la circunscripción del Senado vuelva a ser departamental.

Que se aprueben nuevas y estrictas inhabilidades para los funcionarios elegidos popularmente y para sus parientes que aspiran a otros cargos de elección popular.

Que se implemente la creación de una Policía Electoral que persiga los crímenes contra el sufragio.

Cuando se burla o contamina la voluntad popular a través del fraude y el constreñimiento, se le hace un terrible daño a la institucionalidad y a la sociedad, porque la decisión de la mayoría es subvertida por los caprichos y la ambición de unos cuantos.

La ñapa I La conformación del nuevo Congreso será determinante para el futuro de la elección presidencial.

La ñapa II. Enhorabuena el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo de Estado, sacaron al “petardo” de Petro.