sábado, 16 de octubre de 2021
El Gobierno Nacional presentó ante el Congreso de la República un proyecto de Ley sobre Acción Climática al cual se le asignó el No. 336 de 2021. Con ello se busca poder implementar medidas que permitan al país cumplir con sus compromisos internacionales y alcanzar la anhelada carbono neutralidad en el año 2050. Es una ambiciosa apuesta para lograr reducir al máximo la producción de los gases de efecto invernadero, con el compromiso del sector público y el sector privado. En esto se requiere la participación tanto de los individuos como de las organizaciones más grandes del país. Ya es frecuente que en todos los sectores se maneje el concepto de acción frente al cambio climático. Ahora se espera poder capitalizar esas experiencias previas y seguir adelante hacia la meta fijada para el 2050.
Para la elaboración de este proyecto de ley hubo aportes importantes del sector productivo, a través de empresas líder en este campo a nivel nacional, que dentro de sus compromisos de responsabilidad social han adoptado con seriedad políticas de lucha contra el cambio climático. Esta preocupación crece en coyunturas como la actual, cuando tenemos un invierno que sale de lo normal y empiezan a verse sus efectos sobre las personas, sus viviendas, sus cultivos, así como el caos en las ciudades por las inundaciones y granizadas. Lo cierto es que hay zonas especialmente vulnerables en el país en las que se ha vuelto una constante tener que reconstruir anualmente los destrozos por cuenta del invierno, o asumir los efectos que dejan los veranos más largos de lo esperado, con la escasez de ciertos productos.
La investigación y la innovación juegan un papel fundamental en este reto y el logro de los objetivos. No se trata sólo de pretender cambiar los energéticos fósiles, como única causa posible del cambio climático. Se cree que la producción de gases en exceso puede ser controlada y con ella los efectos negativos en el clima, pero se olvida que estamos afectando la naturaleza y su capacidad de regeneración. Hay quienes piensan que la llamada transición energética y el cambio de los combustibles actuales por la energía eléctrica generada a partir de los recursos renovables (energía solar, eólica, hidrógeno, geotermia entre otras) es lo que debe hacerse. Sin embargo, tan importante es, en este propósito, poder reducir la deforestación que sufre el país, aprovechar de manera sostenible la tierra y que las industrias agrícola y ganadera se ubiquen en el territorio de forma estratégica. Igualmente, y desde lo individual, poder racionalizar el consumo y evitar la producción de tantos desechos como los que hoy producimos. Avanzar en tecnología y sistemas de producción, también va a ser determinante.
En resumen, implica un cambio de vida para todos: personas, industrias, Estado. Sentirnos responsables de lo que hacemos y cómo esto puede afectar el entorno natural y nuestra calidad de vida. El proyecto de ley propone ciertas medidas, pero no puede pensarse que agotan los temas relevantes. El Gobierno tiene el interés de declarar cerca de 30% de los mares y áreas continentales bajo categorías de protección o estrategias complementarias de conservación. Igualmente, impulsar la restauración de los ecosistemas en un importante número de hectáreas, pero si continuamos con la obsolescencia en nuestros sistemas de producción, de combustión y de transporte, no se verá el salto en las dimensiones que se esperan. El Gobierno le apunta incluso a poder contar con una aplicación que permita calcular la emisión individual de los citados gases, y así poder conocer el nivel propio de emisión. Con ello, cada uno de nosotros sabrá cual es su aporte a la situación actual del clima y será una invitación a comprometerse con el cambio.
