Martes, 22 de octubre de 2013

La profundización de la crisis del sector minero energético se ve llegar en el corto plazo, por cuenta de la hiperinflación normativa que se avecina como resultado de las normas ya existentes, que son muchísimas, y de los proyectos que se están tramitando en el Congreso de la República.  Son cerca de 26 nuevos proyectos de ley que afectan de una u otra manera al sector minero energético, en temas tan sensibles como los aspectos ambientales, los tributarios, los laborales, sobre infraestructura, acceso a la tierra y regalías. Casi todos ellos con un enfoque común: limitar, gravar y exigir a las industrias extractivas de los recursos del subsuelo,  más de lo que hoy ya están  limitadas, gravadas y exigidas en materia de requisitos y tributos, cambiando de manera sustantiva las condiciones del negocio y su forma de operar.

Quienes proponen una parte importante de estas iniciativas son en su mayoría congresistas de las comisiones quintas, quienes no parecieran tener una visión hacia el progreso y estímulo de estas industrias,  sino que se inclinarían más hacia la restricción de las actividades y, seguramente, sin que sea el propósito, promueven en algunos de estos casos conflictos que nunca habían existido en los más de 100 años que tienen estas industrias operando en el país. Tales conflictos se generan a partir de incompatibilidades que se han venido creando a nivel normativo con el sector ambiental, conflictos que se declaran con el sector agrícola,  prohibiciones que nacen para el acceso a la tierra,  y talanqueras en el uso de la infraestructura, todos a partir de las leyes y reglamentos que se expiden y de las nuevas propuestas normativas que se hacen.  Así mismo, con ellas se busca aumentar la carga impositiva e incrementar la participación económica del Estado, a través de más y nuevos impuestos o, de la imposibilidad de deducir ciertos rubros, en el impuesto de renta de las empresas. La pregunta que cabe es: ¿es este el momento propicio para todas estas iniciativas? 

El instituto Fraser, centro de pensamiento canadiense,  que se autodefine como  aquel que mide, estudia y comunica el impacto de los mercados competitivos y la intervención de los gobiernos en las condiciones de vida de los individuos, hace análisis específicos sobre el sector minero energético, y ya nos ha castigado como país en materia del clima de inversión. Hemos descendido varios escaños en el último año, como consecuencia de las recientes medidas legales y reglamentarias, que se han adoptado en el país, y que se identifican como que afectan negativamente a estas industrias.

Entonces  inquieta que el camino que estamos adoptando, hacia la hiperinflación normativa, lejos de lograr coordinación de todas las disposiciones legales y reglamentarias, hace que se contradigan entre sí, que se creen antinomias y se haga imposible su aplicación armónica. El país estaría necesitando una moratoria en materia de expedición de leyes y reglamentos, a fin de poder decantar qué se aplica de lo ya existente, y cómo recuperamos el Estado de Derecho, a través de un marco regulatorio claro y respetuoso de los derechos adquiridos.

Preocupa por supuesto lo que ocurre con los cafeteros, con los cultivadores de papa y demás sectores que denuncian sus problemas ante el país,  pero también demanda atención lo que sucede con el sector minero energético, en especial, por ser el principal renglón del PIB.  Si seguimos incrementando las limitaciones, gravámenes y exigencias de este sector,  se acaba la seguridad jurídica de las inversiones, que constituye un requisito indispensable para lograr el crecimiento y sostenibilidad de estas industrias y, con ellas, las del país.  

Es una necesidad sentida dar a conocer ampliamente las políticas públicas de Estado vigentes para la minería y los hidrocarburos, de manera que tanto en el Congreso de la República, como en las entidades que tienen la posibilidad de expedir reglamentos, se tengan en cuenta esas directrices y se actúe de conformidad con ellas. No podemos continuar sujetos a las ideas, por buenas que éstas sean, de un determinado Congresista o de un equipo de trabajo en el Gobierno. Necesitamos que la legislación y los reglamentos obedezcan a lo que pensamos y queremos como país para estos sectores, a través de los criterios adoptados en las políticas públicas. Hago entonces una invitación para hacer una profunda reflexión sobre lo que ocurre hoy  y sobre las nuevas propuestas legislativas que se tramitan en el Congreso, las que  aparecen como amenazas para el futuro de las industrias minera y petrolera, que impedirían la consolidación de éstas como locomotora del desarrollo. 

Si se necesita la expedición de un Conpes que aclare las rutas a seguir, pues habrá que adoptarlo, y pronto, dado que el vaivén de los cambios normativos que estamos viviendo en estos días,  está menoscabando nuestra credibilidad como país, y así lo registran quienes nos analizan y juzgan desde el exterior.