Sábado, 30 de junio de 2018

*Asociado Junior Cáez, Gómez & Alcalde.

Según el último censo realizado en 2017 por el Dane, hay en Bogotá alrededor de 9.538 habitantes de calle.

Aunque las cifras del número de personas que habitan en calle solo arrojan un resultado de 2% en relación con la población total de la ciudad, este fenómeno repercute considerablemente en múltiples aspectos de la proyección del distrito, verbi gracia, la percepción de inseguridad y el nivel de desarrollo frente a otras ciudades capitales del mundo.

Desde un punto de vista netamente sociológico el problema estriba en que, por un lado, los juicios sociales de la mayoría de los ciudadanos aún están bañados del espíritu de la exclusión en razón del nivel socioeconómico de las personas y, por otro, existe un etiquetamiento negativo generado por el hecho mismo de estar en la calle. En otros términos, a los habitantes en calle se les asigna en la sociedad el rol de malhechores y en la mayoría de casos este etiquetamiento determina indirectamente un comportamiento criminal.

Desde el punto de vista jurídico, encontraremos que pese a que durante muchos años se han creado políticas públicas focalizadas en disminuir la cantidad de personas en esta situación de vulnerabilidad, en la práctica la mayoría de las instituciones que tienen a su cargo esta problemática no analizan ex ante las medidas necesarias para conjurar la situación y frente al panorama actual simplemente se refugian en el alivio de la inobservancia, razón por la que hasta ahora los esfuerzos no han sido suficientemente fructíferos y las cifras han venido incrementando progresivamente. Si revisamos antecedentes de propuestas que hayan intentado atacar estos fenómenos, encontraremos que desde 1918 el Concejo de Bogotá creó mediante el Acuerdo No 1 un “Impuesto Fondo de Pobres” – orientado a proveerles asistencia médica y un techo para vivir – que gravaba el valor de las entradas a teatros, conciertos, cinemas, plaza de toros, hipódromos, circos, y otros espectáculos. Más adelante, se ofrecieron en la ciudad alternativas como albergues para las personas de la tercera edad, hogares de paso para desplazados y niños en situación de desprotección transitoria, y se crearon las llamadas “casas vecinales” y los “centros crecer”.

Entre otras varias políticas, en 2012 la Alcaldía abrió el primer Camad (Centro de Atención Móvil a Drogodependientes) en la zona conocida como el Bronx, y en 2013 el Concejal de Bogotá Hosman Yaith Martínez presentó un proyecto de acuerdo por medio del cual se crearía el programa “Mendicidad Cero” en Bogotá, que aspiraba a erradicar el problema en un lapso de 10 años. Llegando a la actualidad, tenemos que el 29 de julio de 2016 entró en vigencia el Código de Policía que en el artículo 41 habla de una “Atención Integral a la Población Habitante de y en Calle”.

Sin embargo, en la práctica las autoridades se preocupan más por la invasión que puedan llegar a realizar del espacio público estas personas, de los problemas de salubridad que representa su presencia en diferentes lugares y de los delitos en los que se puedan ver comprometidos, que en los posibles daños que les pueda inferir a esta población tan vulnerable la ciudadanía misma.

Pese a que durante los últimos años los planes de desarrollo han tenido como horizonte la implementación de programas públicos para combatir la pobreza extrema y el hambre, sigue existiendo una franja amplia de personas vulnerables en la calle que parecen olvidadas por el estado dentro del maremágnum de la colectividad.