viernes, 20 de octubre de 2017

Impartiendo mi clase de Derecho Constitucional en la Universidad Sergio Arboleda, comentamos el caso de Lina Molina a quien Juan Camilo García le pasó el carro por encima por un simple reclamo, por lo que afirmé que Colombia es un país mentalmente enfermo.

Sé que es una afirmación dura para todos los colombianos, pero es una realidad que tantas conductas crueles y delitos despiadados, no puede ser, sino una patología social que aún no está diagnosticada.

Es que en realidad, ante el elevado número de casos aberrantes, dramáticos y cruentos que indignan y generan estupor en todos los sectores sociales del país, surge con frecuencia la preocupación de que somos un país mentalmente enfermo.

Sabemos que tenemos cerca de ocho millones de víctimas del conflicto, que cerca de 1.000 personas han sido atacadas con ácido en los últimos diez años, que mueren y son violadas miles de mujeres por la violencia social, que muchas personas padecen de trastorno sicosocial y un sinnúmero de hechos más generan la pregunta si somos un país enfermo.

Por esto se tuvo que aprobar la Ley 1448 de 2011 para proteger a las víctimas del conflicto, la Ley 1773 para castigar los ataques con ácido, la Ley 1751 de 2015 para tipificar el feminicidio como un delito autónomo y la Ley 1616 de 2013 para garantizar la atención de las personas con discapacidad sicosocial.

Estando paradójicamente, en un país que cumple casi 60 años de guerra, no hay estudios científicos que den cuenta de sus secuelas, pues los dos trabajos más recientes, el primero, hecho por Médicos sin Fronteras reveló que “la violencia es, entre otros factores estudiados, el evento que más afecta la salud mental de la población civil, con índices de ansiedad y depresión que llegan a 34%, cifra mucho más alta que la del resto de población”.

El otro estudio, realizado por “Giovanny Arias de la Universidad de los Andes, con una muestra representativa de 208 víctimas de Montes de María, halló que 90% presenta síntomas de depresión y 60% tiene valores conclusivos de ansiedad, depresión y propensión a desarrollar síntomas de estrés postraumático”.

De otro lado, sabemos que aquellos que han padecido la desaparición o el asesinato de un familiar tienen casi el doble de propensión a desarrollar ideas o intenciones suicidas que el resto de la población.

Por supuesto que la salud mental de los colombianos se ve gravemente afectada por el conflicto armado, alimentando la violencia social y generando delitos aberrantes propios de una sociedad en guerra.

Víctimas y actores del conflicto armado, millones de colombianos han vivido los horrores de la guerra y sufren las secuelas de décadas de violencia, cuya cicatrización es uno de los desafíos a superar en el camino hacia la paz.

Según Médicos sin Fronteras, pese a la existencia de la Ley 1616 de Salud Mental y pese a que existe un cronograma de reglamentación establecido por el Decreto 0658 de 2013, aún falta un plan de acción del Gobierno que garantice la salud mental de los colombianos, ya que todos hemos sido afectados por la guerra.

Como investigador y académico, hago un llamado, para que este panorama, comprometa al Estado colombiano, para comprender el fenómeno, analizarlo científicamente, develar sus singularidades y proponer salidas para evitar que sigamos sin entender por qué ocurren tantos actos crueles y terribles, pero sobre todo prevenir su ocurrencia.

En conclusión, debemos tomar conciencia que somos un país mentalmente enfermo que no ha sido diagnosticado, que la guerra nos ha dejado muchas secuelas que hasta ahora podremos empezar a cicatrizar en el posconflicto.