Viernes, 22 de junio de 2018

*Asociada Sénior Gómez-Pinzón Abogados.

El Movimiento B como se conoce internacionalmente, que en síntesis pretende incluir la dimensión socio-ambiental como parte de la misión de las sociedades comerciales, ha llegado a Colombia.

El Congreso de la República de Colombia aprobó recientemente la ley para la creación de las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (Sociedades BIC), que busca reconocer y dar seguridad jurídica a las empresas que tienen un propósito adicional al de la generación de utilidades.

Estamos familiarizados con los conceptos de crecimiento económico, cambio climático, desigualdad social, conflicto y ahora con el de posconflicto, por lo que no resulta extraño preguntarse cómo el sector empresarial puede promover un impacto socio-ambiental positivo en el desarrollo de su actividad.
Pues bien, en Estados Unidos y Europa principalmente, vienen ganando fuerza las llamadas Empresas B (B Corporations), mediante un modelo que pretende redefinir el concepto de hacer negocios.

Muchos retos prácticos y jurídicos conlleva este nuevo modelo empresarial, pues estamos ante la concepción clásica de la maximización de utilidades que se espera de la gestión de los administradores, versus la inclusión del impacto socio-ambiental positivo que en ocasiones puede impactar las utilidades repartibles a los accionistas; lo que no significa que, en el largo plazo, esto pueda representar un mayor valor de las acciones de la compañía con ocasión de la inversión socio-ambiental que esta realiza, además del reconocimiento reputacional positivo que esto pueda generar. Los referidos retos se presentan en especial, respecto a la toma de decisiones de administradores que puedan afectar a partes interesadas diferentes a los accionistas, tales como empleados, clientes, proveedores, sociedad y medio ambiente. Por otra parte, también constituye una dificultad la información que se presenta al mercado en relación con la mencionada misión socio-ambiental y el control que las autoridades puedan ejercer sobre la misma.

Dicho lo anterior, la pregunta que naturalmente surge es: ¿Estarán los empresarios y la comunicad jurídica colombiana preparados para una iniciativa empresarial que rompa el paradigma de propender por el mayor retorno para los accionistas e incluir el impacto socio-ambiental, aún a sabiendas que puede afectar el máximo recibo de utilidades?. En Latinoamérica, países como Argentina, Brasil y Chile avanzan a pasos agigantados en la creación de una comunidad de Empresas B, a la que hoy se suman aproximadamente (49) Empresas B en Colombia según información de Sistema B Colombia.

A mi juicio, el mayor desafío que tenemos en Colombia es lograr el equilibrio entre las dimensiones social, medioambiental, económica y jurídica para lograr, mediante las iniciativas empresariales, una verdadera generación de valor y el acceso a inversionistas de todos los niveles, sin que esto signifique que debe dejarse de lado el objetivo empresarial de obtención de utilidades, base del desarrollo empresarial.

La invitación que hago mediante el presente artículo es a profundizar el conocimiento sobre este movimiento y, a hacer parte de él desde nuestro rol profesional, no podemos ser ajenos a lo que pasa internacionalmente y mucho menos a las importantes iniciativas locales que han surgido y que seguramente seguirán surgiendo.