Viernes, 18 de mayo de 2018

Es por todos sabido que durante la segunda mitad del siglo XX y lo que va corrido de la presente centuria, el petróleo ha sido considerado como un factor relevante en materia de geopolítica. En algunos casos con razón y en otros sin ella, se le atribuye la condición de carburante en la generación de conflictos nacionales y externos, incluyendo crisis de los países del medio oriente y la Rusia postsoviética.

En Colombia se destaca las controversias sindicales de 1948, la álgida disputa por el Golfo de Coquivacoa con Venezuela de 1987 y más recientemente el fallo obtenido por Nicaragua por parte de la Corte Internacional de Justicia en 2012, en el cual se puso en entredicho los derechos económicos que Colombia tiene sobre buena parte del subsuelo marino en el caribe sudoccidental.

Salvo esos casos, nuestro país no ha tenido una historia marcada por conflictos generados por el petróleo. Sin embargo, todo parece indicar que las propuestas económicas presentadas por los actuales candidatos a la presidencia de la República 2018-2022 quieren romper ese paradigma.
Las propuestas que se empiezan a escuchar en los debates presidenciales cubren todo el espectro posible en materia de política pública: desde la eliminación absoluta del sector petrolero, pasando por modelos de exploración y explotación moderados, hasta propuestas de incentivos al sector petrolero basados en una plataforma de desarrollo sostenible se han escuchado.

No cabe duda que esta discusión es válida y necesaria en este tipo debates. Teniendo en cuenta el peso relevante que este sector tiene en la económica nacional, el electorado debe conocer la posición de los candidatos en esta materia.

Sin embargo, llama la atención que en esta compleja discusión se introduzcan elementos postizos que buscan confundir y dar un matiz cantinflesco a la industria de la cual la mayoría desconoce su verdadero aporte económico y funcionamiento. Según datos proyectados en 2018 la exportación de aguacate podrá alcanzar los US$60 millones.

Si confrontamos ese dato con los US$13.000 millones que produjo el sector petrolero colombiano en 2017, según la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), la comparación pierde toda proporción. Así mismo, es inverosímil que se quiera asimilar la renta petrolera con los dineros provenientes de actividades ilícitas, como algunos han querido hacerlo.

Así las cosas, bienvenido el debate y la discusión frente al modelo económico que queremos para el próximo cuatrienio. Pero debemos exigir que esta discusión sea con altura, formada y basada en cifras y datos reales, no en rumores y fake news que se están dando en todos los sectores. Cualquier propuesta que busque eliminar o reducir la actividad petrolera deberá explicar y proponer la fuente de ingresos que suplan de manera inmediata la renta que genera dicha industria a favor del Estado (que para 2017 alcanzó los $6,5 billones).

A contrario sensu, las propuestas que mantengan o incentiven el sector, deberán precisar como balancear el crecimiento de la actividad con el cuidado al medio ambiente y las comunidades locales.