sábado, 11 de noviembre de 2017

Como en las más alucinantes batallas del Quijote de la Mancha emprende el señor Santos batallas inexistentes, imagina monstruos y fábrica de celadas y ojalata inútiles armaduras para el porvenir de Colombia. No siendo suficiente el mar de coca en que nos convertimos, teniendo a Tumaco como la capital mundial de la coca con más de 20.000 hectáreas sembradas, se ilumina el hidalgo caballero, en realidad disparatado sujeto, con un proyecto de ley que sin duda alguna legalizará a través del testaferrato mediante el denominado pitufeo el negocio de gran escala de los narcotraficantes, al punto que parecerá hacerlos desaparecer y permitiría eventualmente un financiamiento de grupos como Farc y ELN en sus aspiraciones políticas a partir de negocios para un futuro próximo considerados lícitos derivados de la coca. Despenalizar 3,8 hectáreas (Art 6 P.L) para el cultivo de coca de cultivadores y Amedieros (Art 4 P.L) , significa sin ninguna duda, la estrategia para que cada pareja logre cultivar 7,6 hectáreas si tienen vinculación con distintos predios, más hijos y nietos.

Como si fuera poco, este oscuro panorama lo complementa el informe de la DEA que asegura que 92% de la coca presente en Estados Unidos, nuestro principal aliado en lucha contra el narcotráfico y terrorismo, proviene de Colombia y amenaza la descertificación del país como en época del nunca bien ponderado Samper. No bastando con estas disparatadas ideas, se suma a ello las disposiciones del pacto de La Habana que pretenden tener por bienes bien habidos, aquellos en manos de los parientes de los miembros de las Farc, respecto de los cuales se pretende invertir la carga de la prueba, blanqueando así los capitales obtenidos a partir de la ejecución de los peores crímenes ocurridos en la historia de América y por otro lado, persiste otro de los entuertos y monstruos creados en La Habana, como es el de la extinción de dominio administrativa para el abastecimiento del fondo de tierras, pues a la fecha no se ha definido, ni quienes realizarán este procedimiento y quienes integren el órgano que se encargue de ello, que pueden ser otros miembros de la izquierda como en el caso de la JEP, ni tampoco se define bajo qué criterios procederán a declarar inexplotación de la tierra o si se respetarán las presunciones de los arts. 30 y 31 del decreto 1465 de 2013 sobre las tierras adecuadamente explotadas. Igualmente, estarán en camisa de once varas los propietarios de tierras legítimamente adquiridas con justo título, los cuales bajo el estribillo populista de desconcentrar la propiedad de la tierra (Art 1.9 Acuerdo Agrario de La Habana) , una vez se inicie la actualización catastral del campo pactada en la Habana, pasarán ipso facto como en épocas de Upac con las viviendas de los colombianos, al pago de impuestos confiscatorios que inhibirán la industria y actividad agropecuaria de los propietarios honorables del campo en harás de ‘robinhoodescos’ propósitos. En fin, vemos que se orientan los esfuerzos jurídicos del país en el progreso de los cultivos ilícitos y se pone en jaque a los propietarios lícitos que pasarán dificultades en la conservación de sus tierras y mantenimiento de sus tierras. Todo lo anterior, sin desconocer que sostendrán los miembros de las Farc probablemente sus inmensas extensiones de tierras. En conclusión, Santos y su San edrín ven a Colombia como el Bucefalo de Alejandro o el Babieca del Cid, mientras en verdad es, como diría también Cervantes, sobre caballo de don Quijote, que tantum pellis et ossa fuit, “era solo piel y huesos”.