jueves, 14 de junio de 2018

La lealtad, más que una obligación jurídica, es un deber moral, y supone, en cierta medida, un alto grado de empatía (ponerse en los zapatos del otro) y honorabilidad. Esta virtud, tristemente, es escasa, y más aún en el sector del agro.

En nuestra área de práctica de agroindustria nos hemos encontrado una gran cantidad de situaciones que reflejan una triste capacidad para causar daño, en un sector que está llamado a ser lo contrario: alimentar y dar vida. Y un agravante: el daño más grande lo recibe quien menos capacidad de defenderse tiene.

Aquí citamos algunos ejemplos:
(i) En apicultura, hemos tenido noticia del uso de jarabes de otra naturaleza (arroz, maíz, etc.) para aumentar el volumen de la miel de abejas, hoy tan escasa.

(ii) En la producción de arroz - y seguro en muchos otros sectores -, algunos productores reducen profundamente la calidad y se saltan las normas laborales para aumentar su margen, afectando al consumidor y al trabajador.

(iii) En los insumos para uso agrícola, el productor los rinde con otras sustancias, disminuyendo el efecto y lastimando fuertemente el ecosistema, y ni qué decir de la afectación que hacen al producto.

(iv) El punto anterior también se presenta cuando, por ejemplo, supuestos productores de bioinsumos se inventan un producto que no cumple las especificaciones que dice tener y lo venden a un productor agrícola, perjudicando al propio sector de producción de bioinsumos (a estos productos piratas se les suele decir “aguapanelas”).

(v) Existen distribuidores - pocos, pero notorios - que son depredadores con los productores sometiéndolos a sistemas inequitativos de calificación y puntuación, afectando la calidad, pero mejorando el precio.
Esto, se insiste, por citar algunos ejemplos, pero podríamos mencionar muchos más.

Creemos que es posible ejercer el comercio en cualquier rama de forma leal, produciendo más y mejor, reduciendo el impacto negativo tanto en la cadena de producción y distribución, como en el consumidor y en el medio ambiente.

Además de ser una virtud querer actuar de forma leal, también es una oportunidad para innovar y mejorar los procesos sin afectar la cadena.

Ahora bien, hay regulación y autoridades para cada una de esos actos desleales - que son más allá de la competencia - que se han descrito. En principio, está desde el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) hasta la Superintendencia de Industria y Comercio (Delegatura de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal; Protección de la Competencia; o Protección al Consumidor), según sea el caso.

Sin embargo, en la práctica, nuevamente, hemos encontrado una seria dificultad operativa: La mencionada superintendencia indica que no tiene competencia en algunos aspectos, pero el ICA también considera que no la tiene en otros. Al ser un conflicto de competencia negativa, en cierta medida muchos asuntos que deben ser atendidos por las autoridades no tienen “competente” y ello lleva a la falta de control (¿Por qué no idearnos un sistema de autorregulación para el agro? Pregunta al aire).

La lealtad no debería ser vigilada ni controlada, y deberíamos verla como un presupuesto en cualquier escenario, inclusive en el ejercicio del comercio, en la producción, distribución, intermediación, o cualquiera otra. Sin embargo, los maximizadores “irracionales” se aprovechan de la ingobernabilidad frente a la competencia que no asume ninguna autoridad, en perjuicio de todos menos de sí mismos.