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sábado, 20 de agosto de 2022

Parece que finalmente el Gobierno saliente dejó lista la reglamentación de la llamada “ley de comida chatarra” y se decantó por los sellos de advertencia octagonales con bordes blancos, que deben ubicarse en el “tercio del panel principal de exhibición” y contendrá la leyenda: “exceso en” alguno de los nutrientes considerados críticos, como sodio, azúcares, grasas saturadas y grasas trans.

Una vez entre en rigor la norma comenzaremos a ver en el mercado productos con estos sellos que nos informaran que es lo que tiene en exceso el producto que tanto nos gusta, y que quizás, por eso es que nos gusta.

El derecho a la información ha sido un logro de los consumidores en aras de reducir la brecha que siempre existe con los proveedores, el cual fue reiterado por la corte constitucional en una sentencia(C-583 de 2015) en la que instó al Congreso para que corrigiera la omisión del estatuto del consumidor, cuando no incluyó expresamente que dentro de la información mínima que debía darse a los consumidores estaba la de que se trataba de un alimento que se derivaba de un organismo genéticamente modificado -OGM para el consumo humano. Allí, la corte reconoció como una de las funciones del derecho a la información la de la protección y prevención en materia de salud de las personas, al admitir, dijo la corte “los riesgos presuntos o eventuales ligados con aspectos del desarrollo de estos productos que son desconocidos hasta el momento por la sociedad, sobre la base del principio precaución.” Se refiere la sentencia a los OGM con aquello de los riesgos presuntos o eventuales. Esa incertidumbre parece no existir con cierto tipo de componentes utilizados por la industria alimenticia, que en exceso, podrían afectar la salud de las personas.

Para evitar ese exceso, la política pública acude nuevamente al impacto de las imágenes para tratar de persuadir al consumidor para que no consuma o por lo menos modere la ingesta de ciertos componentes que se encuentran en exceso en ciertos productos. Esto lo hemos visto con los cigarrillos y el licor, con buenos resultados si lo medimos a partir del descenso en el consumo de esos productos, sin embargo, se debe tener en cuenta que no sólo asustando al consumidor, se logran cambiar sus hábitos de consumo.

A la política del impacto visual, debe sumarse una agresiva campaña de educación al consumidor, para informarle entonces, cómo debe consumir esos productos con exceso de, o si la decisión es no consumir, con qué lo puede reemplazar. Esto debe comenzar desde la casa y los colegios desde donde generalmente aprendemos esos malos hábitos alimenticios, que ya de grandes nos es muy difícil abandonar, sobre todo si no tenemos una buena calidad en la información. Seguramente la implementación de la ley va a traer además, cambios en las formulaciones de muchos productos, ya que el octágono es una cruz que nadie querrá cargar. Viene ahora un periodo de seguimiento para medir los verdaderos impactos de la medida, que al parecer se quiere complementar con impuestos.