viernes, 2 de octubre de 2015
Para ponernos en contexto, a partir de la mencionada fecha todas las obligaciones relativas a la administración del Régimen de Prima Media con Solidaridad, que antes se encontraba en cabeza ISS, pasaron a Colpensiones, entidad que en resumidas cuentas mejoraría el servicio, optimizaría los procesos y en general modernizaría la administración de los recursos de seis millones y medio de colombianos.
Hace tres años, decía acerca de la nueva entidad el entonces Ministro de Trabajo Rafael Pardo: “Es una entidad que se ha diseñado para utilizar toda la tecnología disponible para que las personas que tengan una queja o inquietud sobre su situación pensional tengan la posibilidad de salir el mismo día, la misma mañana, con la situación solucionada”, sin embargo, vemos con preocupación que a junio del presente año se mantenía la entidad en mora con la resolución de más de 18.000 procesos pensionales.
Pero no es mi intención tratar puntualmente los inconvenientes que han venido afectando a los beneficiarios del sistema, sino tratar las peligrosas consecuencias que esto ha traído a los empleadores del país.
Resulta señores empleadores, que en los últimos meses muchas de las empresas del país, sobre todo las más antiguas, han venido recibiendo oleadas de requerimientos por parte de antiguos trabajadores, en los cuales solicitan sean certificadas relaciones laborales finalizadas hace 20 o incluso 30 años, requerimientos a los que suelen estas empresas dar contestación emitiendo los respectivos certificados laborales, sin conocer que estas solicitudes se generan porque al acudir los trabajadores a Colpensiones a realizar los trámites de reconocimiento pensional, se encuentran con vacíos de cotización en su historia pensional, situación ante la cual se lava las manos la entidad instruyendo de forma informal a los afiliados para que obtengan de terceros esa información que por la mala gestión de la entidad no se encuentra disponible.
No es normal en nuestra cultura empresarial, mantener a hoy archivos sobre aportes pensionales de más de diez o quince años, de forma que al certificar las empresas estas relaciones laborales terminan en una encrucijada, ya que reconocen relaciones sobre las cuales no pueden acreditar el cumplimiento total de sus obligaciones con el sistema pensional, terminando las historias en muchos casos en demandas orientadas obtener el pago de aportes por parte de la empresa, sin que el verdadero responsable de acreditar la información, Colpensiones, tenga algún grado de responsabilidad en el proceso.
Es impensable que los beneficiarios del sistema tengan que verse lesionados por la poca efectiva gestión de esta entidad, pero ¿hasta que grado pueden soportar los empleadores del país hechos como el mencionado?.
Es hora de asumir que las responsabilidades de las entidades del sistema de seguridad social no solo van de cara a los trabajadores, sino también a los empleadores y que estos incluso en su propio beneficio empiecen a exigir el adecuado funcionamiento del sistema.
