lunes, 30 de abril de 2018
Pese a que a todas luces es un proyecto fallido, la Comunidad Andina mantiene a flote su andamiaje anacrónico, que genera a nuestro país más obligaciones y cargas que beneficios.
Desde su concepción, el fin último del Acuerdo de Cartagena fue formar un mercado común.
Dado el número de tratados comerciales que los miembros de la CAN han suscrito con países ajenos a la región, es clarísimo que no podremos ya nunca llegar a las etapas de unión aduanera y de mercado común, lo que significa que el objetivo primigenio del acuerdo ya no es viable.
Así que hay que decirlo sin ambages. En estricto sentido ni siquiera somos una zona de libre comercio. No hay libre circulación de mercancías sino en una sola vía. Es decir, que Colombia recibe libre de aranceles todos los bienes que Bolivia y Ecuador le quieran exportar, pero no goza de reciprocidad alguna, pues nuestras ventas a esos países han afrontado todo tipo de barreras y gravámenes injustificados al comercio.
Respecto de Perú, salvo en el caso del azúcar, el futuro está en la Alianza del Pacífico, no en la CAN. Es así como hasta hace poco, los bienes producidos en las zonas francas no podían ingresar libres de gravámenes a ese mercado, lo que solo vino a solucionarse con el referido tratado de la Alianza.
Como asesor durante muchos años de algunas empresas del sector azucarero, entre otros, puedo dar fe de las dificultades que se derivan para las industrias colombianas de la falta de reciprocidad enunciada.
Ecuador, por ejemplo, en 2016 adoptó una salvaguardia generalizada que generó graves perjuicios a nuestros exportadores. No acabó de levantar esas medidas, en 2017, cuando nuestro vecino impuso la sobretasa a las importaciones, hoy vigente, cuya eliminación acaba de ser ordenada por la secretaría. Como si lo anterior fuera poco, procedió a establecer una restricción a las importaciones de azúcar colombianas y ello sin contar con la masiva exigencia de obstáculos técnicos que puso en vigencia en una época contra nuestras exportaciones quebrantando sin pudor los requisitos de la OMC.
Por su parte, Bolivia maneja el mercado azucarero a su antojo: interviene el precio interno, prohíbe e impide cuando quiere las importaciones colombianas. Y esta situación no es nueva. El 2009 es un ejemplo digno de recordar. En ese entonces, nuestras exportaciones de azúcar hacia ese país estuvieron retenidas durante un año en el puerto antes de que Bolivia permitiera su entrada, bajo el pretexto de requerir certificados de calidad que ni siquiera le eran exigidos a sus productores nacionales. Pero en cambio, en ese mismo año tuvimos que recibirle a Bolivia la no despreciable cantidad de 116.000 toneladas métricas (Fuente: Base de datos Dane y Dian). En suma, la ley que ha venido rigiendo en la CAN, en relación con Colombia, es la del embudo.
Por supuesto, a nadie se le ocurre pensar que hay que cerrar el mercado con esos países, pero es indudable que el proceso andino es un modelo que definitivamente se agotó, un esquema que no es serio, es inequitativo y está generando graves perjuicios a la industria y a los intereses nacionales. Lo anterior implica la necesidad inaplazable de rediseñar el esquema, con el fin de preservar y rescatar lo que que nos beneficia y revisar aquello que atenta contra el interés y la empresa nacional. Se debe pensar en concreto en evolucionar hacia simples tratados de libre comercio con esos países.
