lunes, 27 de abril de 2020

Llevamos más de 30 días con la mayoría de los términos judiciales suspendidos y con la justicia prácticamente paralizada y aunque parezca increíble, en la fecha en la la que se escribe esta columna, no se conoce aún un plan de contingencia para ponerla en marcha. A esta hora, el Consejo Superior de la Judicatura está reunido y no se sabe que decisión va a tomar.

Un fenómeno como esta pandemia que paralizó al mundo afecta todas las actividades y el funcionamiento del Estado -incluyendo la administración de Justicia-. Pero es claro qué Colombia se dejó coger la noche, en cuanto al funcionamiento de su aparato judicial, y estamos ante un cese de actividades qué para comenzar nos está pasando la factura por no haber hecho lo suficiente para poner a funcionar plenamente el proceso de sistematización de la rama, que ha debido comenzar en forma hace más de 10 años.

Para todos sería inaceptable vivir sin luz eléctrica o sin agua, pero nos hemos acostumbrado a vivir sin justicia, o con una justicia imperfecta, decía Álvaro Gómez. Así veníamos. Ahora el país está enfrentado esta pandemia y es inadmisible que además de las calamidades que conlleva, y de las que están por venir, nos veamos aquejados por la ausencia total de Justicia y la parálisis parcial de la función pública.

No podremos solucionar pronto el atraso de varios lustros, pero esta puede ser la oportunidad de acometer la tarea de re-encarrilar la justicia. Los ciudadanos esperamos con ansiedad el plan de emergencia, que, por supuesto no podrá consistir en prorrogar la suspensión de términos, ni en enviar masivamente a los jueces de vacaciones.

El liderazgo de quienes manejan y dirigen las instituciones se pone a prueba en estos momentos de crisis. El juicio que realice la historia sobre el actual Consejo Superior de la Judicatura dependerá de su capacidad y habilidad para adoptar soluciones novedosas y creativas en aras de no atrofiar el sistema, y evitar que entre en un periodo indefinido de hibernación.

Si algo está claro, es que este virus no va a desaparecer en seis meses ni en un año, sino hasta que aparezca una vacuna, y por consiguiente las instituciones se deben adaptar y acondicionar a esa realidad.

Gran parte de la solución es un asunto de actitud. Las herramientas tecnológicas para construirla ya forman parte del estado del arte. Algunas iniciativas dignas de emulación son las del Juzgado Primero Civil Municipal de Floridablanca, que anunció que al levantarse la suspensión publicará sus estados por medios digitales; o el del Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Rico Caquetá que, ofrece en su página web, los servicios de expediente digital, realización de audiencias virtuales e inteligencia artificial.

En la función administrativa las palmas se las lleva la Superintendencia de Sociedades que con extrema celeridad promovió un procedimiento de emergencia para tramitar las reorganizaciones empresariales y el acceso expedito a esos mecanismos.

Esto prueba que la actitud es una parte muy importante de la solución.

PD. La estrategia de la alcaldesa Claudia López de enturbiar las decisiones del gobierno en el confinamiento y la apertura gradual es perversa y desleal. Cree que gana si le aceptan sus propuestas y también si se las rechazan por que podría señalar “yo sé los advertí”. Defender la vida y el ingreso de la gente no puede ser instrumento para obtener réditos políticos. Hay arrogancia y megalomanía además en el tono de capataz con el que se está dirigiendo a los ciudadanos. Aquí las decisiones las debieran tomar los científicos.