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Sábado, 28 de abril de 2018

Es curioso como uno puede ir por la calle, o puede escuchar en su diario vivir como las personas que nos rodean (incluso nosotros mismos, en múltiples ocasiones) nos dolemos y nos manifestamos ante las dolientes realidades de nuestro país y de nuestra ciudad. Así, exigimos la protección de los derechos que nos han sido otorgados constitucional y legalmente observando como el defecto está en los demás, cuando la realidad es que las violaciones a nuestros derechos provienen de nosotros mismos.

Esta es la realidad que muchos nos negamos a reconocer, omitimos, o simplemente nos escudamos en alegar inocencia y señalar con el dedo a las diferentes circunstancias que, si bien son trascendentales en el país, no son excusa para no ver la propia astilla en nuestros ojos, pero si en la de los demás.
Nuestra Constitución nos otorga una serie de derechos los cuales tienen protección especial, reforzada e inmediata, cuya responsabilidad por ejercer dicha protección, garantizar su respeto y permitir su goce efectivo está en cabeza del Estado. Así, le exigimos presencia absoluta y efectividad en su labor, sin darnos cuenta de que el Estado y la Nación somos todos, y estamos llamados a contribuir con el mejoramiento de nuestras propias condiciones.
Así, todos tenemos claro e invocamos como estandarte dicho catálogo de derechos, no obstante, parece que adolecemos, como sociedad, de un terrible mal: olvidar que, si exigimos derechos respecto al estado y a los demás, así mismo tenemos deberes que la misma carta política nos ha impuesto en calidad de ciudadanos: El artículo 95 de la Constitución Política.

Aquella norma establece nueve deberes primarios para todo ciudadano colombiano: I) no abusar del propio derecho, II) el principio de solidaridad social, III) el deber de colaborar con las autoridades, IV) defender y difundir los derechos humanos, V) participación cívica, política y comunitaria, VI) propender por lograr y mantener la paz, VII) colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia, VIII) proteger los recursos naturales y el medio ambiente, y IX) pagar impuestos.

Es necesario que nosotros, ciudadanos, nos preguntemos a conciencia: ¿cumplimos en nuestro diario vivir dichos deberes?, ¿enseñamos a nuestras familias a cumplirlos?, ¿somos siquiera conscientes de que también tenemos deberes? La respuesta se la dará cada lector. No obstante, como sociedad hemos logrado avances bajo nuestro actual orden constitucional que, hace varios años, se veían lejanos y que ahora son un inicio: La ley 581 de 2000 (ley de cuotas), el control ciudadano mediante las veedurías, y la consolidación del Ministerio Público para la promoción y defensa de los derechos humanos, nuestro cuestionado pero prometedor Acuerdo de Paz con las Farc, entre muchos otros.

Que sencillo es enseñar desde nuestros hogares a no abusar del propio derecho, y así mismo, enseñarles que asuntos como el voto tiene dos caras: un derecho y un deber ciudadano. Elemental es que tengamos una concepción de estado y de nación desde nuestros hogares. El Gobierno, el Legislador y las Altas Cortes pueden implementar infinidad de decisiones, políticas y planes de acción, crear nuevas instituciones, regular de forma incansa