Miércoles, 3 de mayo de 2017

En materia de propiedad industrial, competencia desleal y protección al consumidor, la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC- ha sido el ente delegado en Colombia para asumir facultades jurisdiccionales, y esto ha permitido conocer de un volumen cada vez mayor de casos, con una figura de un Juez verdaderamente especializado y conocedor de los temas de fondo, lo que redunda en la seguridad jurídica para los ciudadanos y en eficiencia del sistema judicial. 

No obstante lo anterior, hemos identificado un número importante de casos en los cuales el criterio expuesto por el Juez especializado de la SIC, es sometido a una revisión por cuenta de la apelación – que se adelanta ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial – y termina siendo revocado, por lo tanto se impone el criterio del Honorable Tribunal Superior, que si bien está conformado por grandes profesionales del derecho con impecables trayectorias, no siempre refleja un nivel de especialidad como el de la Superintendencia. 

En tal virtud, nos cuestionamos sobre la conveniencia contar con este sistema mixto en el que hay un Juez de primera instancia que es muy especializado (SIC) y un Juez encargado de resolver las apelaciones (Tribunal), que hace parte del sistema Judicial general de nuestro país y que debe conocer de múltiples causas (civil, familia, laboral, penal, etc). 

La crítica que hacemos de manera respetuosa, se basa en que en algunos casos parece que se trata de un proceso de imposición de criterios por la jerarquía que les asiste, en el cual el punto de vista del Juez Especializado termina sin validez por el criterio del Tribunal, amparado en otros saberes que no son precisamente los de las normas de competencia desleal, propiedad industrial y/o protección al consumidor, sino en preceptos jurídicos generales. 

En este análisis, resulta procedente plantear que de la mano con la concesión de facultades jurisdiccionales a las Superintendencias para conocer de ciertos casos (como sucede hoy en día), también deberían estas mismas Superintendencias, contar con Tribunales Jurisdiccionales Especializados, que garanticen la uniformidad del criterio, la definición de precedentes jurisprudenciales y especialmente la eficiencia en la tramitación de las apelaciones.  

Una figura como la propuesta, resultaría acorde con las medidas que ya se han adoptado en nuestro país y ayudaría en buena medida a solucionar y mitigar los efectos de la congestión que aún atacan nuestro sistema Judicial. Además se trataría de un esfuerzo por beneficiar a los ciudadanos en general y de lograr mecanismos efectivos y eficientes de acción para los titulares de derechos, agentes de mercado y consumidores.  

Consideramos que uno de los valores más importantes para la sociedad está dado por la Seguridad Jurídica, y en la época en la que nos encontramos con un país que está abordando el posconflicto como un escenario vital para su futuro, de ahí la propuesta para considerar esta iniciativa.