jueves, 15 de mayo de 2014

Cuando recibí el balance de todo lo ocurrido comprobé lo preocupante del panorama, hablé con autoridades y líderes de muchos barrios que reconocían la gravedad del asunto y que la situación se les había salido de las manos. De la reacción inicial pasé al pensamiento reposado y a la serenidad, para contribuir en la búsqueda de soluciones. No soluciones por salir del paso, sino yendo al fondo de lo requerido. Aquí hay mucha historia y mucha tela de donde cortar.

Veinticinco años atrás el sistema eléctrico regional era más que un desastre por cuenta de la politiquería, la corrupción y onerosas convenciones colectivas de trabajo que respondían más a intereses populistas que al objetivo de brindar un excelente servicio de energía.

En un contexto en donde pululaban la ineficiencia y la ineficacia, incluyendo lamentablemente a la entidad que por muchos años fue símbolo de la integración Caribe, la Corporación Eléctrica de la Costa, Corelca, cuyo departamento de electrificadoras subsidiarias terminó siendo incapaz de controlar y coadyuvar soluciones que requerían las empresas seccionales, el sistema colapsó obligando a la fórmula de la privatización.

El Gobierno del entonces Presidente Cesar Gaviria Trujillo se jugó gran parte del futuro del sistema presionado por el apagón nacional de aquella época y el callejón sin salida en que se encontraban todas las electrificadoras del país. El Congreso de la República debatió la Ley eléctrica que permitió la privatización de los activos públicos en el sector y expidió otras que terminaron de afinar la transformación que el momento reclamaba. Muchos creen que llegó el momento de revisar y ajustar toda esa legislación. Estoy pendiente de eso.

Dos décadas y media después, en el caso del Caribe colombiano, Corelca no existe; la parte de generación quedó en manos de la privada Gecelca y lo de transmisión es administrado por Transelca, que es propiedad de los paisas a través de Interconexión Eléctrica S.A., ISA. La empresa Urrá S.A. con sede en Córdoba es controlada por el Ministerio de Hacienda, razón por la cual el Caribe ha sido marginado de lo que allí pasa. Las electrificadoras departamentales fueron borradas del mapa y hoy tenemos una empresa regional denominada Electricaribe S.A., que ya ha pasado por varios dueños desde cuando fue creada.

Todos entendemos las dificultades que implica un mercado como el del Caribe por la cultura de pago en los servicios públicos, las grandes áreas urbanas subnormales, lo costoso que resulta aquí producir y distribuir energía, pero aún con todas las limitaciones posibles el negocio sigue siendo bueno y rentable. El Gobierno Nacional destina cuantiosas partidas al pago de subsidios y al programa de normalización eléctrica, es decir, hace lo que le corresponde.

Pero creo que ha habido exceso de confianza, no se ha hecho el adecuado seguimiento a las inversiones que la empresa privada dice que realiza, no existen suficientes informes públicos respecto del estado verdadero del sistema de distribución y sus subestaciones, carecemos de datos más profundos en relación con los recaudos y el comportamiento de la comercialización ni se sabe con certeza cómo se planea el futuro de este mercado en la Costa Caribe.

Considero, sin embargo, que es necesario tener la cabeza fría para llegar a las mejores conclusiones y soluciones, en lugar de incurrir en comportamientos caníbales en donde unos quieren comerse a otros sin mediar ningún tipo de argumentos técnicos y documentados. Sí, hay que debatir y discutir sin caer en los extremos.