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lunes, 27 de agosto de 2018

El pasado 15 de agosto uno de los ascensores del Palacio de Justicia de Cali se vino abajo. Como resultado del accidente resultaron dos personas muertas y cuatro heridas. Pero además de la tragedia que seis familias están sufriendo, las de los desafortunados difuntos y las de los heridos, se suma a esta tragedia el desplome de la justicia.

La Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial -Asonal Judicial- que en años anteriores realizó varios paros judiciales (como el paro nacional de 2012, del que todavía se siente el coletazo) buscando que el Gobierno Nacional oyera sus peticiones, en esta oportunidad ha promovido el cese de actividades en Cali, que ya lleva seis días, hasta tanto no haya una evaluación técnica a los ascensores que garantice que situaciones así no vuelvan a suceder poniendo en riesgo la vida de funcionarios y usuarios.

Desde del 16 de agosto se ordenó el cierre extraordinario de los despachos judiciales de esa ciudad y no es para menos, la ocurrencia de este accidente deja en entredicho la calidad de las instalaciones judiciales de Cali y su adecuado funcionamiento que garanticen la seguridad de quienes día a día acuden al Palacio de Justicia, más si se tiene en cuenta que esta era una tragedia anunciada: hace varios años atrás ya existían denuncias y quejas sobre el cuestionable estado de esos ascensores.

Ante esta situación: ¿qué ha dicho el Consejo Superior de la Judicatura y el Gobierno Nacional a través del Ministro de Justicia? ¿Hay algún plan de contingencia para que mientras se verifica el buen estado de los ascensores los usuarios no vean afectados sus derechos de accesos a una pronta y eficiente administración de justicia? ¿Cuándo van a cambiar los ascensores?

Pero lo más preocupante de todo esto, es que el Palacio de Justicia de Cali fue reconstruido luego del atentado de 2008 y puesto en marcha de nuevo hace cuatro años, los mismos cuatro años que Asonal Judicial viene denunciando el mal estado de los ascensores. Crónica de una tragedia anunciada.

La metáfora de todo el sistema judicial. Desde hace años se vienen denunciando por distintos sectores las falencias del sistema judicial que van desde instalaciones inadecuadas, ausencia de suministros (papel, tinta, computadores, sistemas de grabación, etc.), tutelatones, bajos salarios e inseguridad laboral hasta la sonada corrupción: los carteles de la toga, las puertas giratorias y demás.

Cada cuatro años, como mínimo, suenan vientos de reforma a la justicia, hablan de modificar la tutela, de abrir y cerrar despachos judiciales, de hacer nuevos códigos, pero la reforma nunca incluye la readecuación y/o cambio de instalaciones que permitan a los funcionarios trabajar en condiciones dignas y prestar un servicio a la altura de la majestad de la justicia.

El ascensor del Palacio de Justicia de Cali, no es la excepción. Los ascensores del Edificio Nemqueteba en Bogotá, donde funcionan juzgados laborales y de familia, también se sienten peligrosos. Las condiciones de salubridad de los juzgados penales que están ubicados en la calle 19 con carrera trece de Bogotá también son preocupantes y podría seguir mencionando ejemplos de instalaciones inadecuadas por seguridad y salubridad a lo largo y ancho del territorio nacional.

La Administración de Justicia, además de tener que batallar contra los males por todos conocidos, debe abrirse paso entre la inseguridad de su infraestructura y las malsanas condiciones en que deben despachar sus funcionarios.