• Laura Vita Mesa lvita@larepublica.com.co

martes, 1 de diciembre de 2020

Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), habló sobre el panorama litigioso del país

Una de las grandes preocupaciones del Estado colombiano, especialmente por sus consecuencias en las arcas públicas, tiene que ver con la litigiosidad en su contra, tanto a nivel interno como internacional. Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), habló sobre la deuda de $10,6 billones que tiene la Nación en condenas, cuánto le cuesta al Estado los abogados y cuáles son las estrategias para evitar la litigiosidad.

¿Cuánto le cuestan al Estado los procesos en su contra?

Depende del tipo de proceso y del tribunal inicial. En este momento estamos terminando los cálculos, pero las cifras preliminares son alarmantes. En 2019, el Estado gastó cerca de $780.000 millones en gastos de asesoría y representación jurídica. Este es un dato alarmante.

¿Qué hacer entonces con los procesos del Estado contra el Estado, que son los interadministrativos?

Estamos trabajando en tres líneas. Hemos hecho varios intentos de conciliación y mediación. Lo segundo es que vamos a fijar unas pautas para la contratación de abogados y el pago de honorarios, porque muchas veces en litigios que se podrían arreglar hay abogados que no les interesa hacerlo. Y la Andje va a prestar asesoría a las entidades públicas, y es importante para solucionar antes de un litigio.

Cuando uno es abogado particular asesora al cliente para que no llegue a litigio, pero aquí a veces acuden a externos que no son los mejores, y vamos a hacer un equipo especial para asesoría, que es la mejor forma de bajar los litigios.

El Estado debe $10,6 billones en condenas. ¿Obedece a las tasas de interés?

A partir del mes 10 de ejecutoriada la sentencia para su cobro, la entidad debe pagar una tasa del máximo comercial, es decir, cerca de 30%. Se convirtió en un gran negocio no cobrar las sentencias.

Es tan rentable que incluso hay fondos de inversión especializados en comprar sentencias, ¿qué mecanismos han planteado para solucionarlo?

Se expidió en el Plan de Desarrollo una norma para solucionarlo, que ha tenido algunos tropiezos, pero lo que se quiere es cambiar esa deuda por pagos en TES, que es la mejor manera y es una deuda más barata.

El problema no es el mecanismo, sino que el Estado tiene que cumplir y tener la plata para pagar. Si no hay plata no hay nada que hacer, pero al menos hay que cambiar la deuda por una menos cara.

Se ha visto un aumento de las controversias internacionales de inversión. ¿Colombia debería replantear su presencia en los tratados teniendo en cuenta la alta litigiosidad existente y las posibles contingencias?

No. Colombia se caracteriza por ser serio en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, y hasta el momento tenemos un solo laudo, en el que de US$700 millones que era la aspiración del demandante nos condenaron en US$20 millones, y está en proceso de anulación. No hay elementos para afirmar que el mecanismo es arbitrario para el Estado, lo que sí es que nos obliga a hacer las cosas bien, porque hay gente que hace cosas que no corresponden a las obligaciones internacionales, y nos toca cumplirlas. Pero la decisión no puede ser salirnos.

De los 16 procesos en etapa arbitral, ¿cuándo podemos esperar decisiones?

Creería que vamos a tener una lluvia de decisiones en el primer trimestre de 2021: la audiencia del caso de Electricaribe se hizo en enero de este año, y el laudo debe estar por salir; lo mismo con el laudo de EcoOro y el de América Móvil; en uno de los casos de los Carrizosa el primer trimestre tendremos resultados; y parece que en la anulación de Glencore también tendremos decisión rápidamente.

En etapa prearbitral hay casos como Uber, Reficar y Odebrecht, ¿en qué están?

Uber se quedó ahí, no hemos tenido noticias de ese caso pero sabemos que siguen operando. Igual con CB&I (Reficar) y Odebrecht. Pero en este último hay un avance y es el decreto que autoriza a la Andje para inhabilitar a las compañías cuyo representante legales, socios o directivos hayan incurrido en actos de corrupción. El procedimiento va a ser muy rápido, ya estamos pidiendo las sentencias a distintos países para proceder a publicar la inhabilitación de Odebrecht lo más pronto posible.

¿En qué va el análisis de la condena de José Elías Melo?

El decreto nos impone a organizar un sistema de verificación de las sentencias por delitos de corrupción para tratar de definir qué personas condenadas tienen vínculos con sociedades que sean contratistas del Estado, entonces estamos trabajando con la Rama Judicial para mirar esos casos.

¿Se va a crear una lista negra de empresas que van a estar vetadas para contratar con el Estado?

No se trata de una lista negra, sino de análisis puntuales. Esta norma no es nueva, pero nadie había tomado el camino de aplicarla, tramitamos su desarrollo, porque es el castigo a las sociedades cuyos funcionarios de alto nivel participaron en actos de corrupción para beneficiar a las empresas.

Se había advertido sobre un aumento de la litigiosidad por la pandemia, ¿lo hubo?

Eso se empezará a ver reflejado a principios del próximo año, pero para evitar esa litigiosidad hemos desarrollado estrategias de llegar a acuerdos para que eso suceda. Por ejemplo, con los concesionarios de infraestructura hemos logrado avances para llegar a conciliaciones.

Han advertido que las medidas para mitigar la pandemia pueden ocasionar un aumento en las demandas de inversión, ¿hay una estrategia?

No hemos visto tal oleada de demandas porque fuimos cuidadosos en no violar esas obligaciones internacionales. No tenemos ni siquiera un aviso nuevo de intención relacionado con la pandemia, porque se tomaron las medidas con cautela, y creo que por eso no va a haber tal oleada.

¿Al Estado le va mejor en arbitrajes o en justicia ordinaria?

En tasa de éxito en la justicia ordinaria, pero hay que evaluar también la seguridad jurídica. Un arbitraje demora, en promedio, 1,7 años; un litigio ocho años.

Yo prefiero los litigios arbitrales para temas muy especializados, pero lo que sí debe hacer el Estado es mejorar su defensa en los arbitrajes, no es acabarlos sino mejorar la defensa, y eso se hace con mejores estándares probatorios.
Defiendo el arbitraje porque genera seguridad jurídica, rapidez y mayor posibilidad de un juzgamiento adecuado en temas altamente especializados. Pero la Rama Judicial tiene otros casos que también lo hacen muy bien, entonces depende.