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lunes, 11 de octubre de 2021

El presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Julio Sampedro, hizo un balance del organismo desde que entró a funcionar

Luego de largas controversias jurídicas, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, encargada de investigar y sancionar disciplinariamente a los abogados y funcionarios judiciales, empezó a operar el 13 de enero de este año. Su presidente, Julio Andrés Sampedro, habló sobre los retos de funcionar con un presupuesto insuficiente, y también, de los más de 6.500 procesos que heredaron de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a la que reemplazaron.

Ustedes entraron a reemplazar un organismo bastante desprestigiado, ¿cómo ha sido ese reto?

La Comisión nace como una corte autónoma pero con la estructura de una sala de una corte, y por eso no hemos podido asumir con tranquilidad el tema. Ha sido un reto muy difícil, porque con los pocos recursos que tenemos, como de una sala, hemos tenido que funcionar como corporación autónoma, y eso nos ha generado problemas, pero asumimos el reto de entrar a funcionar y aquí estamos, funcionando con las uñas.

Esto tiene unos retos tremendos, no nos van alcanzar los ocho años para superarlos, pero estamos todos comprometidos en que tiene que salir adelante, y poco a poco vamos asumiendo los retos y nos ha ido bien. Hemos posicionado a la Comisión con una nueva imagen frente al país, que era muy importante, hemos logrado que la gente empiece a creer nuevamente en la jurisdicción disciplinaria, que es muy importante. Estamos trabajando muy fuerte, pero con pocos recursos.

¿Qué quiere decir que tienen la estructura de una sola?

La estructura orgánica de la Comisión no corresponde a lo que somos, por dar un ejemplo, el único funcionario de la Presidencia es el presidente. Esta situación nos ha hecho plantearle al Consejo Superior de la Judicatura la necesidad de una reestructuración integral de la Comisión, no solo a nivel nacional, sino de las comisiones a nivel regional. Por ejemplo, en Barranquilla no tienen aire acondicionado ni ventilación hace dos años, no es bioseguro y a veces los magistrados dejan constancia de que no pueden usar la toga porque se cocinan.

¿Han hablado con la Rama Judicial sobre el presupuesto del otro año?

Hemos venido trabajando con el Consejo Superior de la Judicatura, que se hizo presente en los debates de Presupuesto en el Congreso, y plantearon la necesidad de privilegiar la Comisión frente a otras cortes con una estructura ya creada.

LOS CONTRASTES

  • Santiago CalleAsociado CMS Rodríguez-Azuero

    “La labor de la Comisión es fundamental para salvaguardar las buenas prácticas y la ética profesional de la abogacía, para mantener un aparato de justicia transparente”.

¿Cuáles son las cifras de actuaciones de la Comisión?

Con corte a agosto, hemos tenido 52 salas plenas, entre ordinarias y extraordinarias. Heredamos de la Sala de Disciplina un poco más de 6.500 procesos; de esos, con corte a 31 de julio, tenemos: 3.665 contra abogados, 2.676 contra funcionarios de la Rama Judicial, 84 de auxiliares de la justicia, 43 contra jueces de paz, 14 acciones de habeas corpus y siete de cambio de radicación. Tenemos cuatro salas al mes, de esas llevamos, a la primera de cada mes, 140 procesos para decidir, y en las otras tres llevamos 70 a cada una. Hemos resuelto 821 procesos contra abogados, 368 contra funcionarios de la Rama Judicial, ocho contra jueces de paz, seis habeas corpus y un cambio de radicación.

¿Es un ritmo más eficiente que el de otras altas cortes?

Esa comparación no me gusta hacerla porque cada corporación trabaja a su ritmo y dependiendo de los asuntos que tiene a su cargo. Tenemos en este momento un nivel de trabajo que, para los recursos tan escasos que tenemos, y para lo que venía, es un trabajo muy bueno, de un nivel muy alto. Tampoco queremos que se nos mida solo por el número de procesos. Creemos que es más importante la medición en calidad de procesos, nos hemos esforzado en que haya una alta calidad en las decisiones que tomamos. Eso sí, con unas líneas de jurisprudencia que estamos creando, que están muy bien delimitadas y concretas, tratando de incluir avances importantes en el derecho y en la jurisdicción.

¿Cómo funcionan esos procesos?

Nosotros tenemos competencia para conocer los procesos disciplinarios que se siguen contra los empleados y funcionarios de la Rama Judicial, incluidos jueces, fiscales y magistrados que no tengan fuero . Esa competencia está añadida con que somos el juez disciplinario de todos los abogados en Colombia, hoy hay más de 300.000 registrados en el Consejo Superior de la Judicatura.

La primera instancia la tienen las comisiones seccionales y a nosotros nos llegan los recursos de apelación o los grados jurisdiccionales de consulta cuando no se apela. Nosotros tenemos en primera instancia el juzgamiento de los magistrados, diferentes a los que tienen fuero, el vicefiscal y los fiscales delegados de la corte en primera instancia.

Eso va a cambiar con la aprobación de la reforma a la justicia que está en examen en la Corte Constitucional porque allí existen varias cosas. La primera es que el presidente de la Comisión va a ser parte de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, eso va a implicar que el presidente de nuestra corporación va a tener un puesto en esa Comisión, que es la que ayuda al Consejo Superior de la Judicatura a distribuir los recursos y a determinar qué se requiere en cada una de las jurisdicciones.

Un segundo tema importante en la reforma a la justicia es que la nueva ley estatutaria le da una facultad de poder preferente a la Comisión Nacional, con lo que tenemos la posibilidad de desplazar a cualquier otro miembro de la Comisión Disciplinaria cuando hay urgencia. Además, la ley nos da la posibilidad de subdividir nuestra sala para garantizar doble instancia en los procesos que hoy tienen una única instancia.

¿Eso es fundamental para la legitimidad de las decisiones?

Sin duda, porque la doble instancia es un estándar internacional de la mayor importancia en el mundo y más frente a jurisdicciones como la disciplinaria o penal, que hacen parte del poder punitivo del Estado.

Contexto

Según explicó la Comisión de Disciplina Judicial, se espera que el presupuesto de funcionamiento del Consejo Superior de la Judicatura para 2022 sea aproximadamente $550.000 millones, lo que supone un crecimiento de 51% frente a los $363.000 millones de este año. Con base en esas cifras, se estima que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejecute para 2022, $5.382 millones, es decir, cerca de 3% del valor total que ejecuta el Consejo Superior de la Judicatura al año.

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