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Jueves, 25 de septiembre de 2014

De conformidad con el inciso primero del artículo 74 constitucional, “todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley”, por esta razón este derecho fundamental, se encuentra estrechamente vinculado con el derecho de petición contemplado en el artículo 23 de la Constitución, al punto de que la misma Corte ha indicado que el derecho de petición es el género y el derecho a acceder a la información pública es una manifestación específica del mismo.

Esta nueva Ley Estatutaria 1712 de 2014 con sentencia de constitucionalidad C-274 de 2013, complementa lo estipulado por el Estatuto Anticorrupción y el Decreto Ley Antitrámites, unificando y actualizando principios y criterios dispersos en una gran cantidad de normas y jurisprudencia que versan sobre el acceso a la información pública. 

En este sentido y de acuerdo a nuestro criterio jurídico, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Ley 1346 de 2009, sí adopta nuevas formulaciones jurídicas, como el derecho a la accesibilidad artículo 9, que no encuadra claramente en la distinción entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. 

Es así, como el Preámbulo de esta Convención en el literal v), “reconoce la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”. 

De otro lado, la Convención en su artículo 9 literal b), señala que la accesibilidad también incluye “los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia”. 

De esta manera, se plantea la existencia de un nuevo derecho, la accesibilidad, de carácter autónomo al derecho a la igualdad, en la medida que la legislación recoge las exigencias de la accesibilidad, presupone su necesidad y la posible discriminación que supone su omisión.  

Es así como Ron Mace en los años noventa creó los 7 principios del diseño universal: uso equitativo, flexibilidad en el uso, uso simple e intuitivo, información perceptible, tolerancia al error, bajo esfuerzo físico y espacio para el acceso y el uso.

En la medida que se pueda exigir jurídicamente el acceso a la información, esta se va constituyendo como un derecho autónomo, que en realidad no corresponde a ninguno de los listados de los catálogos de derechos existentes.

La Ley 1712 de 2014, crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, estableciendo como objeto, regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información.

Esta Ley eleva el derecho a la accesibilidad de la información a categoría de derecho fundamental, contemplándolo expresamente en el artículo 4º, al señalar que “en ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, toda persona puede conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados”.

Sin embargo, la Corte Constitucional en la Sentencia C-491 de 2007, sostuvo que el derecho al acceso a la información pública no es un derecho absoluto, sino que encuentra reservas cuando se puede presentar un daño a los intereses públicos.

Igualmente la Ley 1712 de 2014, consagra el derecho a la accesibilidad de la información con el factor diferencial de las poblaciones artículo 8º, mencionando expresamente la población con discapacidad. 

En conclusión, la Ley 1712 de  2014 elevó el derecho a la accesibilidad de la información a categoría de derecho fundamental, confirmando la tesis de que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sí contempla nuevos derechos.

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