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jueves, 18 de junio de 2015

El concepto de desarrollo ha sido uno de esos que mayormente se ha abusado en la historia latinoamericana. En Colombia no se ha estado lejos de dicho abuso. Tradicionalmente se ha llevado al error de confundir el progreso de los pueblos con su desempeño económico. Tal vez el desliz más común es medir el avance social de una nación con la cifra anualizada del producto interno bruto. Ante ello, la literatura de los  90 y posteriores ha brindado importantes luces para que se presente el giro tan necesario en su conceptualización. Amartya Sen, por ejemplo, ha legado una definición que apela al empoderamiento y potenciación de las capacidades individuales, con objeto de llevar al ser humano a niveles de autonomía elementales.

No obstante los 11 planes nacionales de desarrollo propuestos desde la administración de López Michelsen hasta hoy, el país sigue sin lograr avances profundos en esa materia. Sin embargo, los gobiernos han venido apuntándole a una diversidad de estrategias que faciliten mejorar las condiciones de la sociedad. Una reciente y promisoria ha sido la firma de la AP. Los resultados primarios están dejando claro que el objetivo del Acuerdo Marco de la Alianza (el segundo), que apunta al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de las cuatro naciones, luce viable. Con el considerable aumento de flujos de turismo, la movilidad académica facilitada por su programa de becas, los intercambios en materia comercial y de inversión, y los acuerdos formalizados en temas de innovación, tributación y lucha contra la informalidad y la corrupción, existen condiciones para que la sociedad reciba beneficios.

Esos aspectos se conectan directamente con las demandas que hasta ahora ha hecho la Ocde a Colombia para permitir su ingreso al otrora “Club de los Ricos”. Para la organización, es prioritario que el país avance en temas como vivienda, ingresos, empleo, salud, seguridad, educación, medio ambiente, compromiso cívico y satisfacción de la población frente a las instituciones y el gobierno, entre otros.

Con la puesta en marcha de la AP, existe la opción de trabajar en algunas de esas áreas, beneficiando al sistema productivo, y como consecuencia de ello, a sectores más específicos de la sociedad. Para José Ángel Gurría, secretario general de la Ocde, el terreno económico es el de menor complejidad, pues el país está bien posicionado en relación con el manejo macro y microeconómico. Pero se requieren avances en la manera cómo el desempeño económico impacta a la sociedad. De acuerdo con lo anterior, y siendo consciente que en estas líneas queda mucho por anotar, es claro que con la puesta en ejecución de la AP, Colombia obtendrá beneficios que mejoren indicadores claves para que la Ocde avale su ingreso. Como consecuencia de ello, el desarrollo de la sociedad colombiana estará más cerca que en el pasado.

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