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viernes, 24 de abril de 2015

Aunque hubo factores externos que influyeron en esa evolución, como la caída en los precios internacionales de productos como el carbón y el oro y un efecto “arrastre” de la mala situación del petróleo que comenzó a darse desde mediados del año pasado, los asuntos internos tampoco brillaron y por el contrario fueron determinantes para ese comportamiento.  

La crisis de precios no solo afecta a Colombia, pero aquí el asunto va más allá. Las cotizaciones de carbón caerán más de 22% en 2014-2015 y a 2019 solo subirán 1%; el oro bajará 20% en los dos años y el níquel, que en el corto plazo va bien, a partir de 2016 comenzaría a descender.

Mientras en Perú se estima que la inversión extranjera en el sector minero será de más de US$ 16.000 millones en 2014-2015, aquí el dato podría rondar los US$ 3.500 millones, igual a la del período 2004-2005 y va en caída libre. 

Colombia no es un país minero ni petrolero como algunos pregonan, sino que produce petróleo y algunos minerales. La extracción (sin petróleo) aporta en nuestro país 2% del PIB, mientras en Chile pasa de 14% y en Perú casi es 20%. Colombia es el noveno productor mundial de carbón, el noveno en níquel y el 19 en oro.

En el caso del carbón, la actividad minera en Colombia va por buen camino, aunque no exenta de dificultades por los problemas laborales, de orden público y medioambientales. Las cifras son favorables, en particular en los grandes proyectos, Cerrejón y Drummond, cuya producción va al exterior y se batió récord en el 2014.  

En oro, las cosas son muy distintas y los reportes son preocupantes pues solamente se habla de protestas de comunidades, problemas ambientales, accidentes, minería ilegal y el uso de la actividad para lavar dinero por los paras, guerrilla y narcos, como supuestamente acaba de ocurrir con el escándalo de Goldex. A esto se suma la caída en el precio internacional del metal, casi en 30%. 

Las empresas mineras colombianas deben ver con envidia lo que pasa en Perú, donde han venido arreglando el tema de licencias ambientales, hicieron una reforma de impuestos para estimular la actividad y pusieron en orden las llamadas consultas previas. Los tres puntos son un reclamo permanente aquí: en el Congreso de la República hay un ambiente político hostil hacia la minería y la amenaza de mayores impuestos es permanente; hay ONGs asentadas en las regiones que se sostienen de la “antiminería” y tienen atemorizadas a las comunidades y a los alcaldes.  Los gobiernos centrales de turno no han querido reglamentar seriamente la consulta previa como lo ordenó la Constitución de 1991. 

Se estima que en un corto tiempo se realizarán inversiones en la minería peruana por US$55.000 millones, lo que permitirá  duplicar las exportaciones, pasándolas de US$51.000  a US$101.000 millones e incrementar el PIB en 36%, unos US$75.000 millones. Y el gobierno lo tiene claro: estas inversiones también representarán 2,4 millones de empleos adicionales y el Estado recaudará por año US$12.500 millones adicionales. 

¿Para qué? Los mayores recursos irán a infraestructura para la construcción de más de 4.000 kilómetros de carreteras por año, al programa nacional de alimentación escolar, levantar 65 hospitales, incrementar el presupuesto de educación básica y dar mayor seguridad. En Colombia, la reforma a las regalías parceló los recursos entre los 32 departamentos y que se sepa no hay un proyecto de talla nacional que se esté haciendo como fórmula de sembrar la riqueza minera, sino solo cosas locales.    

La lista de proyectos peruanos es concreta: Las Bambas, entrará a operar en 2016 con una inversión de US$10.000 millones, se amplía el complejo minero Cerro Verde, se recupera Antamina y Toro Mocho. En Colombia hace mucho tiempo no arranca un proyecto minero, pese a que hay planteados varios.

Allá como aquí hay conflictos sociales por la minería, como los hay en Chile. El gobierno de Ollanta Humala ha montado la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, Onds, dedicada casi exclusivamente a atender problemas con las comunidades donde hay explotaciones. Allá no se espera a que estallen los conflictos, sino que se previenen. Aquí pasa al contrario. 

La coordinación institucional en la lucha contra la minería ilegal en Perú es un ejemplo: hay 72.000 mineros informales en etapa de saneamiento y se ha montado un sistema fiscal, judicial y policial dedicado a esta actividad. El asunto se maneja a nivel del Consejo de Ministros que tiene un comisionado para el tema de la formalización. En los últimos cuatro años, la Fiscalía creó un subsistema de protección de flora y fauna, lo que permitió disponer de 150 fiscales para la protección ambiental y hace un año se crearon dos juzgados especializados en materia ambiental y en un año de montada la estrategia contra la minería ilegal se destruyó maquinaria valorada en US$200 millones. 

Pero no solo es Perú. Para no ir muy lejos, Ecuador planea ser un gran protagonista de la minería a nivel mundial, según lo ha dicho el mismo presidente Correa. Y seguro que lo va alcanzar. En la Nicaragua están felices con el anuncio de Mineros S.A. de entrar a ese país. 

Aquí vivimos otra paradoja: la minería bien hecha está postrada, pero el daño sobre el medio ambiente, la contaminación de las fuentes de agua y el aire por el uso de químicos es dramático, como lo acaba de comprobar en un informe la Defensoría del Pueblo. En alrededor de 200 municipios hay minería ilegal, especialmente de oro y la situación es grave en Chocó, Córdoba, Antioquia, Cauca, Valle y Nariño.
 

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