Viernes, 25 de octubre de 2013

Ante la inminencia de una nueva condena del Sistema Interamericano por el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia, el Estado colombiano le dio un nuevo enfoque a su estrategia de defensa, reconocer y admitir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad en la desaparición de al menos dos personas durante la retoma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985.

La anterior estrategia de defensa, desconocía sentencias judiciales nacionales que probaban la desaparición de al menos dos personas en el Palacio de Justicia, pero ahora, para la audiencia de alegatos y pruebas que se llevará a cabo el próximo 15 de noviembre en Brasilia (Brasil), el Estado colombiano reconocerá que sí tuvo responsabilidad en algunas de las desapariciones.

Es claro, que la responsabilidad de la toma del Palacio de Justicia es de la guerrilla del M-19, pero según la justicia de nuestro país, la responsabilidad sobre los desaparecidos en la retoma del mismo, corresponde al ejército, a la policía y a los organismos de inteligencia del Estado colombiano.

Por esta razón, lo que el Estado colombiano admitirá será la responsabilidad por la desaparición de las personas sobre las que se ha probado jurídicamente que salieron vivas del Palacio de Justicia, Carlos Rodríguez y Cristina Guarín, tal como obra en la condena de segunda instancia contra el coronel Alfonso Plazas Vega.

En este sentido, el abogado Rafael Nieto Loaiza salió del equipo de abogados de la Nación, tras la polémica desatada por su estrategia de defensa, que desconocía sentencias judiciales nacionales que probaban la desaparición de dos personas en el Palacio de Justicia, asumiendo como nuevo agente de Colombia, el abogado penalista Julio Sampedro, quien adelantará la audiencia de alegatos y pruebas que se llevará a cabo el próximo 15 de noviembre en Brasilia.  

Si bien los hechos a investigar ocurrieron en 1985, antes de la creación de la Corte Penal Internacional de 1998, el delito de desaparición forzada es una conducta imprescriptible según el artículo 7 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en Brasil el 9 de junio de 1994, aprobada por el Estado colombiano por la Ley 707 de 2001. 

Es decir, que la desaparición forzada, es una conducta criminal que permanece en el tiempo, los desaparecidos en la retoma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985, aún continúan desaparecidos hoy.

Posteriormente, se expidió la Ley 1531 de 2012, que establecen los efectos de la declaratoria de la ausencia por desaparición forzada y otras formas de desaparición involuntaria, garantizando la continuidad de la personalidad jurídica del desaparecido, con la conservación de la patria potestad en relación con los hijos menores, la protección de su patrimonio y la protección de los derechos de la familia y de los hijos menores a percibir los salarios, cuando se trate de un servidor público. 

Ya en la presentación del informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad divulgado el 25 de julio pasado, el Presidente de Colombia, había reconocido por primera vez en la historia del país, la responsabilidad del Estado en delitos cometidos durante medio siglo de conflicto armado, afirmando que: “El Estado colombiano ha sido responsable, en algunos casos por omisión, en otros casos por acción directa de algunos agentes del Estado, de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocurridas a lo largo de estos 50 años de conflicto”. 

De igual manera en el caso del Palacio de Justicia, la doctora Adriana Guillén, directora de la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, señala que el Estado colombiano reconocerá su responsabilidad, mostrando a la Corte el avance en la política de atención a quienes han padecido el conflicto, como consagra la Ley 1448 de 2011, que indemniza a las víctimas desde 1985 para que los familiares de las personas desaparecidas puedan acceder a los mecanismos de reparación. 

En conclusión, en el caso de la retoma del Palacio de Justicia, será la primera vez que Colombia reconocerá internacionalmente su responsabilidad, aceptando que sí hubo desaparecidos y demostrando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se han tomado decisiones internas que pretenden resarcir y reparar a las víctimas.