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  • Juan Fernando Córdoba

martes, 5 de julio de 2016

Más allá de la pugnas de poderes dentro de la Rama Judicial y de ésta con el legislativo y el ejecutivo, llama la atención que haya sido la propia Corte Constitucional ─un órgano que nos tiene acostumbrados a interpretaciones “creativas” que algunas veces exceden lo previsto en nuestra Carta Política─ quien haya determinado que el Congreso carece de facultades para la pretendida reforma dado que ella sustituiría la Constitución. 

Entre tanto, el panorama sigue siendo desolador: un sistema judicial desbordado por la falta de gestión y perjudicado por los continuos paros de la rama, altas cortes afectadas por las acusaciones en contra de sus miembros y una Fiscalía en interinidad. 

La crisis que estamos viviendo tiene muchas causas y no se limita a la falta de facultades del Congreso para reformar la judicatura. Las otras Facultades, las de Derecho, tienen un importante rol que jugar en la reforma estructural que requiere nuestra justicia. Hace algunas semanas trascendió en las noticias un informe del Ministerio de Justicia de acuerdo con el cual sólo tres de cada diez estudiantes de Derecho en el país (que son alrededor de 140 mil) están adelantando sus carreras en programas con acreditación de alta calidad.  

A partir de esta preocupante cifra, desde esa cartera se ha venido preparando una nueva reglamentación que busca elevar los estándares mínimos para que los programas de Derecho puedan obtener y mantener el registro calificado que les permite funcionar como tales.

Es de resaltar la buena iniciativa del Ministerio y el juicioso trabajo que ha venido adelantando de tiempo atrás para hacer un diagnóstico adecuado de la educación jurídica en Colombia. El proyecto de resolución, que le correspondería expedir al Ministerio de Educación Nacional, ya se encuentra muy avanzado y promete generar más de una controversia y una que otra demanda en su contra.

Entre las disposiciones propuestas sobresalen aquellas relacionadas con el contenido curricular, las competencias específicas en las que se deben formar los futuros abogados, la calidad y cantidad del personal docente y los recursos físicos y tecnológicos que se requieren para el funcionamiento de los programas. El proyecto, en todo caso, no está exento de observaciones como, por ejemplo, lo referido a los porcentajes de flexibilidad curricular y de distribución proporcional de las plazas docentes y la posible afectación de la autonomía universitaria en la determinación de las propias condiciones de calidad y diferenciación entre uno y otro programa.

La propuesta para mejorar la educación jurídica en Colombia es bienvenida y esperamos que ella pueda contribuir, hacia futuro, para contar con una justicia de mejor calidad. Sin embargo, ella no es la única causa de la crisis. De hecho, cuando se observa quienes son protagonistas de los grandes escándalos de la justicia se puede constatar que la mayoría de ellos no provienen de “universidades de garaje” sino de prestigiosas y tradicionales facultades. 

Creo que el problema es que estamos formando excelentes abogados, malos juristas y pésimos ciudadanos.

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