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Colprensa martes, 23 de octubre de 2018

Entre el listado se encuentran los cabecillas Iván Márquez y alias Romaña

Una semana crucial se está viviendo en la Jurisdicción Especial para la Paz. Mientras las víctimas del secuestro entregan sus informes para la construcción de la memoria histórica, lo propio hacen los jefes guerrilleros sobre las actividades realizadas para la reinserción a la sociedad. A esto se le suma el ultimátum que la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP les dio a la Fiscalía, a la Supernotariado y al Ministerio del Interior para que entreguen la lista de los bienes de las Farc.

Hasta este martes, los 31 exjefes de las Farc tenían plazo de entregar los informes de cumplimiento con los compromisos en el marco del Acuerdo de Paz, en el que debían consignar las obligaciones constitucionales y legales con el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.

“El informe de cada uno de los comparecientes deberá referirse especialmente a las acciones concretas que cada uno ha llevado a cabo, de forma individual y/o colectiva, en relación con el compromiso de contribuir activamente a la reincorporación a la vida civil de forma integral, así como sus aportes a la verdad”, señaló en su momento la JEP.

El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, al mediodía del martes se refirió al plazo que la JEP les concedió a los exguerrilleros y dijo que de ello depende su voluntad o no de continuar en este proceso. “Yo creo que Colombia entera espera que comparezcan ante la JEP y respeten la jurisdicción que ellos mismos ayudaron a crear”, indicó.

El comisionado hizo un llamado especial a Luciano Marín Arango, ‘Iván Márquez’, uno de los negociadores de paz con el Gobierno, que pese a que reapareció a través de una carta, aún no ha comparecido ante la JEP. Agregó que mal haría en no presentarse y no respetar la justicia transicional que se creó en el proceso de paz del que hizo parte fundamental.

Sin embargo, desde la JEP se informó en la noche del martes que fueron 18 los documentos recibidos en las ventanillas de la Secretaría Jurídica del organismo y se radicaron nueve peticiones de prórrogas al plazo concedido.

“Entre los informes recibidos están los de Iván Luciano Márquez, Henry Castellanos (Romaña), Rodrigo Echeverri Londoño (Timochenko), Luis Albán, Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada), José Benito Cabrera (Fabián Ramírez) y Seuxis Paucias Hernández (Jesús Santrich), entre otros. No obstante, esta Sala debe aclarar que aún está en proceso de verificación de las posibles solicitudes e informes que puedan llegar hasta la medianoche de este 23 de octubre a través de los medios virtuales correspondientes”, se lee en un comunicado de la entidad.

Lo que sigue ahora es el estudio por parte de la Sala para tomar las decisiones a que haya lugar. En el evento de que se descubra algún elemento que falte en la presentación del documento, se abrirá un incidente de incumplimiento.

VÍCTIMAS YA CONTRIBUYEN CON LA JEP

Sigifredo López completó el grupo de los primeros cinco exsecuestrados que dieron su relato ante la Sala de Reconocimiento de la Verdad. López y Alan Jara, quien también compareció a la audiencia, expresaron sus dudas frente a por qué durante el gobierno de Álvaro Uribe, época en la que estuvieron en cautiverio, no se concertó un Acuerdo Humanitario.

Ante la Sala, Jara les pidió a los magistrados que se indague sobre las razones del por qué no se hizo un acuerdo humanitario que permitiera su liberación y la de otras personas.

“Muchos colombianos perdieron a sus seres queridos por no haber hecho eso. Si en su momento hubo acuerdos entre Estados Unidos y Rusia, entre Israel y Palestina, ¿por qué en Colombia no lo hicieron? ¿Acaso no valía más la vida? Hoy pienso en cuántas vidas se hubieran podido salvar”, resaltó.

López fue más directo y manifestó que espera que “la JEP algún día le pregunté al expresidente Uribe por qué no cumplían con su obligación ética y moral de salvar vidas humanas, si se pudo lo más que era un acuerdo de paz porque no se puedo lo menos que era un acuerdo humanitario”.

Pero el exdiputado del Valle del Cauca también mostró su descontento en lo referente a la reparación a las víctimas y lanzó la propuesta de que los miembros de las Farc que están en el Congreso entreguen la mitad de sus honorarios para la reparación de las víctimas.

“La justicia restaurativa tiene como principio la centralidad de las víctimas y sin reparación y sin verdad no hay justicia, entonces las víctimas de Colombia exigimos verdad y reparación integral. Los máximos responsables de delitos de lesa humanidad deben mostrar gestos de reconciliación con la sociedad”, sostuvo, al tiempo que añadió que hay una cantidad de bienes sobre los que pesan medidas cautelares.

Los bienes de las Farc han sido el tire y afloje entre la JEP y otras entidades, como la Fiscalía. En agosto del año pasado, el ente acusador lanzó la primera advertencia al respecto, manifestando en una carta al entonces ministro del Interior, Rodrigo Rivera, que el listado entregado por los exintegrantes de las Farc se caracteriza por la indeterminación de los activos relacionados.

Desde el búnker se quejaban porque, por ejemplo, en el catálogo de inmuebles de la guerrilla se hacía referencia a predios por su nombre: El naranjal, La laguna, Casa verde, Los tempranos y La hacienda, entre otros. Para el fiscal Néstor Humberto Martínez era fundamental que se entregara un inventario con cédula catastral o folio de matrícula inmobiliaria.

Ahora bien, si esa relación está aún en entredicho, desde la JEP se preguntan qué ha pasado con todas aquellas extinciones de dominio que años atrás se le hicieron a la guerrilla de las Farc y que en su momento las autoridades anunciaron al país con bombos y platillos.

“Por ejemplo – dice una fuente de la JEP – en diciembre del año pasado la Fiscalía anunció una gigantesca ocupación de bienes por 300.000 millones de pesos, que le pertenecían a uno de los frentes que estaba en Caquetá”.

En efecto. En la página web de la Fiscalía aparece dicho decomiso en el que se advierte que fueron confiscadas 18.000 hectáreas que pertenecían a un excabecilla conocido como Orlando Porcelana. Los terrenos actualmente están en manos de la Agencia Nacional de Tierras.

Para el defensor del Pueblo, Carlos Negret, es fundamental que las entidades acaten lo solicitado por la Jurisdicción Especial para la Paz, con el fin de que se inicie el proceso de reparación para las víctimas.

Luis Eladio Pérez dijo en su declaración de este lunes que “hay muchos dineros de las Farc en paraísos fiscales, deberían tener la hombría suficiente frente a las miles de víctimas de decir esa verdad, aportar esos recursos para evitar lo que absurdamente se contempló en La Habana, de que en el evento de que estos personajes no hiciesen la reparación fuese el Estado el que la haga”.

Para este miércoles, la movida semana en la JEP continuará. Íngrid Betancourt, quien durante su plagio se convirtió en el símbolo de los políticos secuestrados, rendirá su informe vía video conferencia.

Mientras ella estará hablando, seguramente, de los vejámenes a los que fue sometida, estará culminando el plazo para que desde la Fiscalía, Mininterior y Supernotariado entreguen el inventario de los bienes para la reparación de las víctimas.

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