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  • Colprensa

domingo, 8 de noviembre de 2015

Se trata de Alejandro Llano Mazuera, quien servía de enlace para la comercialización y transporte de la carne desde Cúcuta hacia Popayán y Cali. Se allanó a cargos por enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, falsedad en documento público, cohecho por dar u ofrecer, fraude procesal, violación de medidas sanitarias y contrabando.

Alberto Hernández, exfuncionario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). Se allanó a cargos por concierto para delinquir, cohecho propio, falsedad en documento público, favorecimiento de servidor público, violación de medidas sanitarias y enriquecimiento ilícito.

Rubén Darío Contreras Cáceres, quien era camionero y transportaba ganado sin las guías legales de movilización. Se allanó a cargos por concierto para delinquir, uso de documento público falso, contrabando y violación de medidas sanitarias.

Con estos tres hombres, quienes con su aceptación a cargos buscan una rebaja de 50% en la pena, la Fiscalía suma un total de 19 personas detenidas por este caso, de las cuales 17 han aceptado los cargos y solo dos se encuentran en etapa preparatoria para juicio oral.

Ante el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de control de garantías ambulante de Cúcuta se efectuó la audiencia que inició el jueves y terminó ayer al mediodía. Tanto Llano Mazuera como Hernández recibieron medida de aseguramiento de detención domiciliaria, mientras avanza la condena solicitada en su contra.

Contreras Cáceres fue cobijado con medida de aseguramiento no privativa de la libertad consistente en la obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez o ante la autoridad que él designe y no podrá salir del país.

El ‘cartel de la carne’ fue desvertebrado en abril de 2014 tras la captura inicial de seis hombres y una mujer. En desarrollo de las investigaciones fueron llamadas y vinculadas por la Fiscalía las demás personas, quienes en su totalidad gozan del beneficio de detención domiciliaria y solo uno (Júpiter Rincón Rincón) se encuentra condenado en prisión.

Entre los procesados se destacan Andrés Portilla Luna, quien se desempeñó por años como presidente del Comité de Ganaderos de Norte de Santander (Coganor), y su hermano Diego Portilla Luna, quien se desempeñó como gerente de Friogán en San Cayetano.

Jonathan Forero, hermano de Rodolfo Forero Esparza, conocido como Tata y líder la organización, fue condenado a ocho años, 11 meses y cuatro días de prisión. Aunque fue sentenciado a purgar la pena en prisión, actualmente goza de detención domiciliaria argumentando problemas de salud.

Los demás vinculados son: Carlos Abdul Cáceres Rodríguez, Javier Emilio Toro, Jairo Vaca Sánchez y los hermanos Víctor y Jaime Fernández. Además, Saúl Arteaga Narváez, jefe de planta de Friogán (veterinario) y Raúl Alfonso Pereira Osorio, comerciante de ganado y técnico en producción agropecuaria.

Ellos se suman a Álvaro Clareth Castillo Pacheco, natural de Chinú (Córdoba), quien aceptó los cargos y recibió los beneficios de prisión domiciliaria y permiso para trabajar.

Miguel Ángel Oliveros Delgado, inspector del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), quien se acogió al principio de oportunidad en busca de beneficios procesales.

La zootecnista Mercedes Gutiérrez Rojas y Domingo Morales González, ambos del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), son los únicos que esperan demostrar su inocencia ante el estrado por delitos, entre los que se encuentran concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, contrabando, fraude procesal, lavado de activos, falsedad ideológica en documento público y violación de medidas sanitarias.

La investigación
Según el general Gustavo Moreno Maldonado, director nacional de la Polfa, esa organización movió más de $70.000 millones y logró introducir al país 4.085 semovientes.

Las detenciones son el resultado de la investigación que empezó a gestarse a finales de 2012 y comienzos de 2013, en Norte de Santander.

Las acciones fueron adelantadas por la Fiscalía, con el apoyo de la Policía Económica Financiera, la Policía Fiscal y Aduanera y entidades adscritas al Ministerio de Hacienda como la Unidad de Información y Análisis Financiero.

La Fiscalía indicó que durante el tiempo que transcurrió la investigación se corroboró, mediante entrevistas, que los nombres de varios ganaderos y transportadores reconocidos de Córdoba y otras regiones del país fueron suplantados para darle apariencia legal a la procedencia del ganado venezolano.

Todo ello, con el presunto apoyo de funcionarios del ICA y del Invima en la expedición de guías de movilización, certificados sanitarios, de sacrificio y vacunación y omisión de controles reglamentarios en Friogán.

Buena parte de las pruebas que se tienen contra los capturados provienen de interceptaciones telefónicas en las que se evidencia su participación en actividades relacionadas con el contrabando de ganado.

Los principales destinos de la carne ilegal que ingresó a Colombia por Norte de Santander eran Cali y la Costa Atlántica.

Para entonces, el coronel Rodolfo Carrero, comandante de la Policía Fiscal y Aduanera de Norte de Santander (Polfa), aseguró que este delito al que se vincula a los capturados no solo afecta la economía del departamento, sino que atenta contra la seguridad sanitaria del país, ya que el ganado que ingresa de forma irregular proviene de una nación (Venezuela) que no está certificada como libre de Aftosa.

En enero pasado, la Fiscalía y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) decomisaron bienes que pertenecerían a varios integrantes de esta organización. La extinción de dominio fue para dos casas, dos apartamentos, una casa quinta, una finca, dos carros y una moto, que sumaron $1.400 millones. 

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