• Natalia Arteaga

martes, 16 de diciembre de 2014

A la Dirección Nacional de Derechos de Autor (Dnda) le tocará, por orden de un juez de Ariguaní, Magdalena, inscribir nuevamente en sus cargos a Conrado Marrugo Vélez, Guillermo Zea Fernández, y Félix Rafael Carrillo Hinojosa, miembros, hasta agosto de este año, del Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y compositores de Colombia (Sayco).

Hace cuatro meses, la organización que se desprende del Ministerio del Interior y que es dirigida por Giancarlo Marcenaro Jiménez, removió del cargo a los siete miembros que conformaban dicha junta: Rafael Enrique Manjarres Mendoza, Conrado Marrugo Vélez, Alfredo Angulo Cuero, Félix Rafael Carrillo Hinojosa, Jorge Iván Álvarez Gaviria, Carlos Eduardo Carreño Pinto y Guillermo León Zea Fernández.

Lo anterior, por supuestas irregularidades en los manejos administrativos que habrían denunciado más de 6.000 socios de la entidad.

La novela en la que se ha convertido el caso de Sayco desde que la entidad dirigida por el maestro Saturnino ‘Nino’ Caicedo se confesó en LR para hablar sobre el detrimento que hay al interior de la organización, no para, y las cosas parecen estar cada vez peor.

Al parecer, el rifirrafe ahora no solo es entre el Dnda y Sayco, sino que el caso ha causado un ‘choque de trenes’ entre la justicia, ya que la última decisión del juez promiscuo municipal de Magdalena tomada el pasado 5 de diciembre, contradice lo dictado por el Tribunal Superior de Bogotá que hace tan solo tres meses, había ratificado la destitución de los mencionados funcionarios.

El Tribunal de la capital se pronunció después de que Marrugo Vélez instaurara una acción de tutela contra la Dnda por considerar que se le estaban afectando derechos como: el debido proceso, igualdad, honra y buen nombre. Así las cosas, explica el órgano de control, que la investigación adelantada por ellos, se perdió, obligando a la entidad a inscribir a los removidos, como miembros del Consejo Directivo de Sayco nuevamente.

¿Qué más viene?
Ante la reciente decisión de la justicia, este Diario conoció en exclusiva que aunque la organización dirigida por Marcenaro acatará el fallo de tutela, interpondrá una denuncia penal contra quienes presentaron el recurso legal por considerar que hubo un presunto fraude procesal.

Igualmente pondrá en conocimiento de las autoridades competentes, el actuar del juez promiscuo municipal de Ariguaní, para que investiguen las presuntas irregularidades ocurridas en el trámite de la acción de tutela.

Con relación a lo anterior, Miguel Rujana, abogado de la coordinación jurídica de Sayco, aseguró que la organización maneja una presunción de buena fe en las relaciones con sus asociados y directivos, “particularmente en lo que compete a las diferentes actuaciones administrativas y judiciales que se adelanten en ejercicio de sus derechos constitucionales”.

Rujana dijo que la sociedad continuará dirigiendo sus acciones hacia el cumplimiento de la ley y las disposiciones que en sede judicial o administrativa se profieran dentro del contexto del derecho al debido proceso.

Por último el funcionario de la Sociedad afirmó que se ponen a disposición de la justicia para colaborar en lo que sea posible, como, según él, siempre lo han hecho.

Dice Guillermo Cáez, abogado litigante y socio de Cáez, Gómez & Alcalde, que una persona puede interponer varias tutelas por el mismo caso pero con diferente motivo o para que se tengan en cuenta nuevas pruebas.

Y los otros cuatro
Cuatro de los siete miembros que no fueron incluidos en la decisión del juez de Magdalena, tendrán que esperar a ver si la medida también los cobija a ellos o no. Según fuentes cercanas a la Dnda, la entidad no sabe si tendrá que devolverle el puesto solo a tres miembros o al total, y para ello, consultará a la autoridad que falló a favor de los destituidos para proceder.

Antecedentes
En agosto de 2012, el gobierno en cabeza de la Dirección Nacional de Derechos de Autor ordenó una especie de intervención a Sayco y nombró como gerente a Andrés Espinosa Pulecio para que dirigiera la organización por los nueve meses que duró el proceso.

Desde agosto de 2012 hasta mayo de 2013, Espinosa Pulecio actuó en representación del Estado , y posterior a ello, se quedó dos meses más (hasta julio) por decisión del Consejo Directivo de la Sociedad, que ahora está pidiéndole un ajuste de cuentas por un presunto detrimento de $9.161millones.

Las Opiniones

Miguel Rujana
Abogado de la coordinación jurídica de Sayco
“La organización maneja una presunción de buena fe en las relaciones con sus asociados y directivos, particularmente en lo que compete a las diferentes actuaciones administrativas y judiciales que se adelanten en ejercicio de sus derechos constitucionales”.

Guillermo Cáez
abogado litigante y socio de Céz Gómez & Alcalde
“Una persona puede interponer varias tutelas por el mismo caso, pero con diferente motivo o para que se tengan en cuenta nuevas pruebas. En este caso habría que revisar bien las dos tutelas y las razones de la persona que las colocó”.