Abogado de Miguel Uribe denunció "injerencia" del Gobierno en las investigaciones

El abogado Víctor Mosquera, representante legal de la familia del senador Miguel Uribe, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, una serie de observaciones sobre el manejo del caso relacionado con el atentado contra el congresista. Durante su intervención, expresó inquietudes acerca de la actuación del Gobierno nacional frente a las investigaciones penales en curso.

Mosquera afirmó que, desde el inicio del caso, se han desarrollado acciones por parte del Ejecutivo que, según él, podrían interpretarse como una interferencia en el trabajo de la Fiscalía. Indicó que se han llevado a cabo indagaciones paralelas y se ha señalado a posibles responsables del ataque, atribuciones que, según sus declaraciones, corresponden exclusivamente al ente investigador.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó estas afirmaciones y aseguró que el Gobierno ha garantizado las condiciones necesarias para el avance del proceso judicial. Según Benedetti, la colaboración institucional permitió capturas en un contexto donde históricamente no se habían producido resultados judiciales tras ataques contra líderes sociales y políticos.

Mosquera informó además que entregó tres informes a la Cidh. El primero detalla declaraciones que, según él, constituyen discursos de odio y estigmatización. También advirtió que la familia del congresista no cuenta con medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección. El segundo informe plantea preocupaciones sobre el curso de la investigación penal, señalando una supuesta orientación del proceso hacia determinadas organizaciones criminales. El tercero propone que los presuntos implicados en el atentado sean procesados por el delito de terrorismo.

Frente a los señalamientos sobre la dirección del caso, Benedetti sostuvo que las hipótesis mencionadas por el Gobierno no han interferido en la autonomía de la investigación, que continúa bajo la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Reiteró que el Ejecutivo no dirige el proceso judicial y que los resultados obtenidos corresponden al trabajo de los órganos competentes.