Paulo Andrés Durán G. - pduran@larepublica.com.co Lunes, 12 de septiembre de 2016

Para los expertos consultados, el posible abuso de poder y la inestabilidad de la institución son los principales problemas que trae consigo este fenómeno, que no son menores, si se tiene en cuenta que son los órganos encargados de velar por los derechos humanos de los ciudadanos y de investigar casos para impartir justicia.

De acuerdo con Carlos Arias, experto en política de la Universidad Externado de Colombia, la interinidad genera inestabilidad en la institución pues “hay un desasosiego de cómo se van a desarrollar los proyectos y las dinámicas de contratación se ven truncadas o se posponen, hechos que alargan los procesos y retrasan los objetivos del ente”.

Por otra parte, Juan Manuel Charria, constitucionalista de la Universidad Javeriana, manifestó que “este fenómeno puede traer consigo un abuso de poder por parte del funcionario encargado, el cual, gozando de su nuevo ‘status’ puede firmar una cantidad de contratos y emplear personal que al final pueden perjudicar a la entidad”.

Charria agregó, que dichas prácticas le quitan capacidad de maniobra a quién va a ocupar el cargo, por eso “entre más se prolongue  peor será para la institucionalidad del ente”, aseveró. Cabe recordar, que este año han habido tres interinidades; la primera y más larga se dio en la Defensoría del Pueblo, desde enero 28 y hasta agosto 16 cuando Alfonso Cajiao reemplazó a Jorge Armando Otálora tras salir por supuesto abuso laboral. 

La Fiscalía General de la Nación, también estuvo en periodo interino entre marzo 29  y julio 11 cuando el vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo suplió a Eduardo Montealegre hasta que Néstor Humberto Martínez se posesionó.

 Finalmente, desde el pasado viernes, la Procuraduría General de la Nación entró en   interinidad cuando el Consejo de Estado decidió anular la segunda reelección de Alejandro Ordóñez. Por ahora, la viceprocuradora Martha Isabel Castañeda será la encargada de liderar el Ministerio Público.

El Senado de La República tiene hasta el fin de esta legislatura (16 de diciembre) para tomar una decisión. Sin embargo, tras conocerse los ternados por el Consejo de Estado (Fernando Carrillo) y la Corte Suprema de Justicia (Jorge Fernando Perdomo), el presidente Santos sigue sin destapar su carta. Eduardo Pizano, presidente de Naturgas, Juan Hernández, exsecretario de Presidencia y Aída Abella, presidenta de la UP, estarían en el radar del mandatario; esta última  con el fin de tener en cuenta la ley de cuotas.

Las opiniones

Carlos Arias
Experto en política de la Universidad Externado de Colombia

“La interinidad genera inestabilidad en la institución pues hay un desasosiego de cómo se van a desarrollar los proyectos y las dinámicas de contratación se ven truncadas; hechos que retrasan los objetivos”.

Juan Manuel Charria
Constitucionalista de la Universidad Javeriana de Bogotá

“Este fenómeno puede traer consigo un abuso de poder por parte del funcionario encargado, el cual, gozando de su nuevo estatus puede firmar contratos o contratar personal que perjudiquen al ente”.