• Alejandra Rico Muñoz

viernes, 11 de agosto de 2023

Esta declaración se dio luego que el Consejo de Estado anunciará que fijará una sola postura para las sanciones de la Procuraduría

En el marco del seminario Regional de Derecho Disciplinario que se lleva a cabo en Santa Marta, la jefe del Ministerio Público, Margarita Cabello, enfatizó que en Colombia, como estado de derecho “las actuaciones disciplinarias a cargo de la entidad seguirán su curso con todas las garantías, pero también hasta sus últimas consecuencias".

Cabello aseguró que "ningún servidor público puede exonerarse por medio de un fuero insoslayable que signifique impunidad, ni siquiera, por solo citar el ejemplo más extremo, el presidente de la República".

Esta declaración se da luego de las discusiones presentadas con el presidente Gustavo Petro, quien advirtió que no acogerá las sanciones a funcionarios electos del ente de control, después de conocerse la sanción contra el alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes.

En su intervención, la procuradora destacó que la sanción disciplinaria tiene como objetivo reafirmar la vigencia del ordenamiento jurídico en el país, "pues ningún servidor público (incluidos los de elección popular) podrá estar por encima de la Constitución Política y el imperio de la ley, pues esa particular forma de pensar solo puede tener sentido en regímenes totalitarios o absolutistas".

Recalcó que Colombia es una democracia, un estado de derecho y al mismo tiempo un estado social, y que se deben respetar las funciones de los jueces y organismos de control. La jefe del Ministerio público llamó la atención a quienes critican la función disciplinaria de la entidad. "No puede seguir pasando que, cada vez que aparezca una situación digna de ser investigada, de forma automática e irreflexiva, se descalifique a quienes constitucional y legalmente están autorizados para ejercer dicha función", dijo Cabello.

Esta declaración se dio luego que el Consejo de Estado anunciará la decisión de fijar en una sola postura sobre las sanciones de la Procuraduría contra funcionarios de elección popular como alcaldes o gobernadores. La discusión, que también ha llegado a discusión de la Corte IDH, ha sido tan espinoso hasta tal punto que algunos consejeros de estado han entrado en contradicción sobre si se revisa o no los fallos del ente de control.