Gabriel Ibarra Pardo Martes, 8 de agosto de 2017

Establecida en la Ley 7a de 1991, la Comisión Mixta de Comercio Exterior se concibió como un canal de coordinación e interlocución del sector privado con el público para el diseño de la política de comercio exterior colombiana.

Integrada por el Consejo Superior de Comercio Exterior y representantes del sector privado designados por ese Consejo, la Comisión podía formular recomendaciones al Gobierno Nacional en esta materia, lo que incluía proposiciones sobre la definición de prioridades, estrategias y programas relacionados con las relaciones comerciales internacionales de Colombia.

Posteriormente se extendió el alcance de las funciones de la Comisión a la política interna relacionada con la competitividad de las empresas nacionales, lo que robusteció a esa institución que desde ese momento contó con la participación de Ministros y representantes de las áreas laboral y de educación. Además, se le encargó el seguimiento de la política de comercio exterior en aras de, entre otros, promover el desarrollo exportador en el ámbito nacional y regional.

En la medida en que es el sector privado el protagonista de los acuerdos comerciales, la Comisión ha adquirido una importancia inusitada en un escenario heterogéneo representado por dieciséis TLC firmados por nuestro país, toda vez que esos convenios contemplan requisitos de origen, mecanismos de salvaguardia, sistemas de solución de diferencias y exclusiones diferentes y, además, se registran puntos de encuentro y tensión o conflicto entre ellos.

En este contexto es también necesario definir prioridades, determinar cuál va ser la política en relación con los socios comerciales que tienen economías sustitutas, de qué manera se pueden aprovechar aquellos tratados celebrados con los países que tengan industrias complementarias para generar cadenas globales de valor, que se va a hacer respecto de aquellos tratados celebrados en los que tenemos una balanza comercial adversa, realizar seguimiento continuo al desarrollo y efecto de estos convenios y buscar la forma de generar una oferta de exportación estructural.

Lo anterior indica la imperiosa necesidad de que los representantes del sector privado y las distintas entidades del Estado se constituyan en verdaderos socios y vayan de la mano en la formulación de la política de comercio exterior, toda vez que se requieren políticas armonizadas.

Ello supone que se promueva la utilización de auténticos mecanismos de coordinación interinstitucional entre todas las agencias del gobierno que intervienen en el comercio exterior Colombiano y entre el sector público y privado.

Así las cosas, sería deseable rescatar la figura de la Comisión Mixta de Comercio Exterior, volverla a convocar y que al mismo tiempo el Consejo Superior de Comercio Exterior se reuniera con mayor frecuencia.

Se trata de contar con instituciones y políticas internas adecuadas que administren los TLC firmados por nuestro país, de tal forma que estos trabajen en favor de los intereses nacionales.

En la medida en que el objetivo de que esos acuerdos sean lo más provechosos posibles es una responsabilidad que depende no solo del Gobierno, sino también del sector privado, es necesario involucrarlo en la formulación de las políticas de comercio exterior.